Por Patricio T. Paredes

 

PRIMERA LECTURA

Sin hacer melodramas ni bochinches, el jueves pasado la 63 Legislatura aprobó la cuenta pública 2018 del gobierno de Alejandro Tello. La fiscalización arrojó daños patrimoniales por 113 millones de pesos. Algunos dicen que es poco dinero, en comparación con los 20 mil y más millones que administra el Ejecutivo. En estricta justicia no tendrían que perderse ni cinco centavos. Y si las irregularidades esconden raterías y malversación de recursos públicos que fueron a parar a talegas particulares debe actuarse con firmeza. Porque justamente esas pillerías “menores” que nunca se castigan son las que permiten al presidente López Obrador acusar de corruptos a los gobiernos estatales y justifican que la federación quiera manejar los caudales que antes se entregaban a las entidades. Conviene precisar que solamente 20 de los 30 diputados votaron a favor. Cinco en contra; querían agregar al dictamen un voto particular del diputado de Morena, Omar Carrera, para que el Congreso ordenara al auditor Raúl Brito presentar denuncias penales y administrativas por las irregularidades financieras observadas en siete secretarías. Los otros cinco diputados no votaron. Ese día no fueron a trabajar.

 

DE URGENTE RESOLUCIÓN

Con el argumento de que la corrupción desvirtuaba la operación y existencia de muchos fideicomisos, el presidente López ordenó a sus súbditos en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, desaparecer 109 de esos instrumentos. Y muchos se desgarraron las vestiduras. Sin embargo, López tiene mucha razón. Y a las pruebas se remite. Por ejemplo, en los daños patrimoniales que contempla la cuenta pública 2018 del gobierno de Zacatecas aparecen los cometidos por la Secretaría de Economía a cargo del potosino Carlos Fernando Bárcena, por 7 millones 457 mil 817 pesos. Del fideicomiso del impuesto a la nómina de las empresas, la Seduzac no pudo justificar y comprobar documentalmente el destino de 4 millones 707 mil 817 pesos. Ni comprobar el ejercicio legal y transparente de 2 millones 750 mil pesos que entregó a la Coparmex de Alejandro Enríquez Suárez del Real para el proyecto de impulso a pequeñas y medianas empresas. Así pues, el Buki cantaría: “A dónde vamos a parar”.

 

 

VOTO PARTICULAR

Los montos mayores de los 113 millones de pesos que importan los daños patrimoniales que provocó en 2018 el gobierno central de Tello Cristerna, se localizan en dos secretarías: Educación que manejó Gema Mercado, por 34 millones 550 mil 791 pesos. Y en Sama de Luis Fernando Maldonado, por 21 millones 575 mil 384 pesos. El diputado Omar Carrera jura y perjura que en esta última hay muchos gatos encerrados en el frustrado proyecto de la presa Milpillas. Y anticipa que no dejará que den carpetazo al entuerto. Carrera husmea para comprobar que en la compra de terrenos para el derecho de vía, encargado a la empresa Cristal, hubo infinidad de movidas chuecas. Oficialmente los predios se pagaron a una cantidad, pero los ejidatarios recibieron otra. Y cuando descubrieron el chanchullo estalló la bronca.

 

 

ES CUANTO

Los diputados Jesús Padilla y Héctor Menchaca llevaron a la tribuna de la 63 Legislatura una iniciativa de punto de acuerdo para que el Congreso pida a la Fiscalía General de Francisco Murillo y al IEEZ de Virgilio Rivera, investigar la “campaña negra y de miedo” que se desató en Zacatecas. Los parlamentarios de Morena se refirieron a las mantas que aparecieron en diversos lugares de Fresnillo, las cuales, supuestamente, fueron colocadas por un cartel del crimen organizado que acusa a David Monreal de estar vinculado con la competencia. La intención de Padilla y Menchaca es que la Fiscalía y el IEEZ investiguen para que se compruebe que la campaña negra y de miedo no es obra de un cartel del crimen, sino de carteles de Morena que a como dé lugar quieren sacar de la carrera por la gubernatura de Zacatecas a David Monreal. No lo dijeron, pero Padilla y Menchaca piensan en el senador José Narro y en el alcalde de Zacatecas, Ulises Mejía. Se cita para el próximo sábado a las 12 horas.