ALUSIONES PERSONALES

Patricio Torres Paredes

 

PARA HECHOS

El pleno de la 63 Legislatura aprobó las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2018 de los 58 municipios. Y como resultado de las revisiones de la Auditoría Superior del Estado, se consignaron observaciones a 45 ayuntamientos que provocaron daños patrimoniales por 368 millones de pesos. La historia de cada año se repite. Raúl Brito y su gente darán seguimiento a los procesos administrativos y, de proceder, presentará denuncias penales ante la Fiscalía General de Justicia del Estado para que ahí, como las otras 100 que existen en contra de expresidentes municipales, exsíndicos, extesoreros, duerman el sueño de los justos. Y no es justo. Zacatecas ya no puede darse el lujo de mantener incólume la impunidad por razones de tipo político. Hace días, Jorge Miranda, secretario de Finanzas, entregó anticipos de participaciones federales por 230 millones de pesos. Serán la tabla de salvación financiera de los ayuntamientos. ¿No sería mejor recuperar esos 368 millones y los miles de millones de anteriores ejercicios? El gobernador Alejandro Tello y muchos alcaldes se quejan de que el presidente López Obrador los tiene a punto de la inanición por los recortes presupuestales. Y López Obrador les ha dicho que si quieren dinero, ahorren y no gasten a lo tonto. Otra consejo sabio sería no más impunidad, no más ojos cerrados ante latrocinios. Si hay que desaforar al edil de Mazapil, Gregorio Macías y meterlo a la cárcel por administración fraudulenta, ¿a qué esperan los diputados, sus partidos y el gobierno estatal?

 

 

 

 

DE URGENTE RESOLUCIÓN

El diputado del PRD, Eduardo Rodríguez Ferrer entró a un terreno pantanoso. Propuso y el pleno lo aprobó por mayoría, reformar las leyes Orgánica de la Administración Pública, de la Inversión y el Empleo y la de Fomento para el Desarrollo Económico. El propósito es obligar a los patrones, sean de los poderes Ejecutivo, Legislativo o Judicial, de municipios o empresas privadas, a respetar los derechos humanos de los trabajadores. Entre las prácticas más nocivas contra la dignidad de las personas está obligarlos a estafar al IMSS, Hacienda e Infonavit, simulando percibir un salario menor al real, lo que finalmente va en detrimento de sus derechos a pensiones dignas y humanas. También es atentatorio a los derechos humanos que los patrones obliguen a sus trabajadores a asistir o contribuir para eventos, como rifas, colectas y donaciones. Por supuesto, es una atrocidad inhumana que se les obligue a apoyar a un candidato o partido político, so pena de perder la chamba.

 

 

 

 

PRIMERA LECTURA

A ojo de buen cubero, una persona que se atiende de Covid-19 en un hospital particular, llámese San Agustín, Santa Elena, San José, debe pagar, si bien le va, medio millón de pesos. Si se pone grave y permanece cuatro o cinco días en terapia intensiva con oxígeno, la cuenta rebasa el millón de pesos. Y si el enfermo no se muere por los daños que le provoca el Coronavirus en sus pulmones y otros órganos de su cuerpo, se muere de un paro cardiaco cuando le muestran la factura. De ahí la trascendencia de la iniciativa del diputado de Morena, Omar Carrera Pérez, de la que Procuraduría Federal del Consumidor entre en auxilio de los enfermos. Cierto es que tratar el Covid-19 es muy caro. El doctor Gilberto Breña lo dijo. Cada día que un enfermo pase en terapia intensiva le cuesta a la Secretaría de Salud 35 mil pesos. Sin embargo, tampoco se vale actuar con sentimientos de zopilote carroñero. Y a los dueños de los hospitales privados en Zacatecas solamente les faltan las plumas negras y los ojos saltones.

 

 

 

 

ES CUANTO

Felipe Delgado de la Torre propuso en la tribuna de la 63 Legislatura que se construyan políticas públicas para que los migrantes mexicanos zacatecanos en Estados Unidos puedan invertir sus dólares en proyectos productivos. Por supuesto que ahora pueden hacerlo. El llorado Chon Salinas es sólo uno de mil ejemplos de inversiones exitosas de migrantes en Zacatecas. Pero el legislador de Morena tiene razón. Ya basta de exprimir a los migrantes y de explotar su solidaridad y amor por su patria chica. Es necesario construir un marco jurídico para que sus ahorros se conviertan en detonantes de desarrollo, generadores de riqueza y de empleos en sus municipios y comunidades.