Ley de Seguridad Interior, amenaza para los Derechos Humanos.

 

Al asumir el poder en el año 2006, el presidente Felipe Calderón decidió sacar al ejército de los cuarteles y dio instrucciones y tareas de combate contra el crimen organizado, sin embargo, dicha medida se tomó sin ningún marco normativo, que sirviera de guía o delimitación de la actuación de las Fuerzas Castrenses. 
 
Desde entonces, y hasta la fecha, los militares han estado luchando y tratando de recuperar la seguridad interna del país. pero la ausencia de un marco normativo para la actuación de los militares, así como la reducida planeación por parte del gobierno federal en las acciones a realizar, ha provocado que tengamos resultados muy cuestionables.  A once años de que el ejército está en las calles, la seguridad pública no ha mejorado y solo  estamos en niveles record históricos de ejecuciones y violencia.
Sin duda, es necesario corregir tal situación, debemos definir no solo el marco legal, que establezca bajo qué condiciones, atribuciones, obligaciones y responsabilidades pueden involucrarse las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, sino también reconociendo que el problema es estructural, y que además de las labores de contención  a la delincuencia es necesario combatir el problema desde su origen, a través de acciones que generen mejor calidad de vida de los mexicanos, con empleos y seguridad social, educación y cultura, esparcimiento, combate a la corrupción e impunidad entre otros.
 
El pasado 30 de noviembre de 2017 se aprobó La  Ley de Seguridad Interior en la Cámara de Diputados, en la cual se intenta dotar del mencionado marco legal para la intervención del ejército en tareas de seguridad pública, estableciendo las circunstancias en las cuales entraran los militares en acción. Es preciso recordar, que el ejército es una fuerza militar potente, entrenada para defender al país de amenazas o invasiones extranjeras. Por tanto los soldados no poseen y no deben de poseer, las habilidades policiales, como la investigación de escenas del crimen, o la atención de delitos comunes como asaltos o secuestros. Esa debe ser una tarea de Seguridad Pública, Inteligencia y Procuración de Justicia.
 
En ese sentido, la ley aprobada resulta vaga y permitirá que los militares actúen como si fuesen policías en el territorio nacional, aun cuando no lo son; son militares apoyando actividades de seguridad pública en una situación extraordinaria, pero no son policías. Es decir la tendencia irá, como sucede en otros países a la militarización del país.
 
También dicha ley dota de discrecionalidad al Presidente de la República, pues de manera unilateral y sin ninguna explicación, puede sacar al ejército y darle poder total sobre un territorio en cualquier momento, sin establecer límites de temporalidad o de responsabilidad con claridad. El artículo 15º  de la Ley de Seguridad Interior fija una vigencia máxima de un año de la intervención federal, una vez que se ha hecho la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, con posibilidad de modificarse o prorrogarse. 
 
Además esta ley, establece que las Fuerzas Armadas no pueden usarse contra manifestación alguna a menos que esta se torne violenta o amenace la seguridad interior. Sin embargo no define adecuadamente una manifestación violenta o amenaza a la seguridad interior. El presidente puede considerar que una marcha en específico amenaza la seguridad interior y pudiera utilizar el ejército para reprimirla. 
 
Dicha Ley también menciona que las amenazas, preocupaciones, y otros desafíos a la seguridad nacional son de naturaleza diversa y multidimensional, y que el concepto y los enfoques tradicionales deben ampliarse para abarcar amenazas tradicionales y nuevas, y que éstas incluyen aspectos políticos, económicos, sociales de salud y ambientales.
Dotar de tal poder al presidente de la república y al ejército, es enormemente irresponsable, pero además resulta terrible hacerlo en un momento donde la inseguridad ha rebasado todos los límites y la sucesión presidencial ha polarizado todas las posturas políticas. 
 
Incluso el alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió, previo a la aprobación de esta Ley, el rechazo de la misma a la Cámara Alta, por considerar que tanto agentes estatales como no estatales incluido el ejército siguen perpetrando violaciones y vulneraciones de derechos humanos, torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. En síntesis dicha ley podría resultar una verdadera   amenaza para los derechos humanos.