Jorge Luis Ramos
Una de las promesas más importantes que hizo AMLO durante su campaña presidencial fue la de abrogar la reforma educativa de 2013 que trajo consigo la creación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) Y el Servicio Profesional Docente (SPD) ambos encargados de organizar los procesos de evaluación para el ingreso, la promoción y lo más controversial de todo, la permanencia de las y los docentes de México. A raíz de esto se puso por primera vez en juego el trabajo de los profesores en el servicio bajo sujeción a sus resultados de su evaluación lo que causó una gran indignación y descontento en el gremio.
La promesa del actual presidente de México le ganó la simpatía y el voto del sector magisterial quienes castigaron al PRI y a su Reforma educativa. Para dar cumplimiento, fue el mismo secretario de educación quien anunció la abrogación de la ley y manifestó que habría cambios en beneficio de las y los profesores de nuestro país y que se garantizaría su permanencia en el servicio sin estar sujetos a ningún tipo de evaluación y que la estrategia de profesionalización será ofrecer capacitación continua y a partir de las necesidades de cada contexto. Sin embargo para los líderes de la CNTE sigue siendo punitiva y no cumple a cabalidad con las peticiones de esta organización, incluso en días pasados, Elba Esther Gordillo calificó el intento del gobierno como una “reformita”.
Esta semana el representante del ejecutivo pretendió hacer uso de su “poder” y cambiar la reforma educativa por medio de un flamante memorándum que envió a los titulares de las secretarías de Gobernación, Educación y de Hacienda para girar instrucciones precisas de cuales serán los cambios, mismos que expone en diferentes puntos y que me permito destacar algunos a continuación.
El primer punto a rescatar es que mientras se logra un acuerdo entre todas las instancias y se aprueba una nueva ley quedan sin efecto todos los acuerdos de la ley anterior, es decir actualmente se encuentran en pausa y prórroga los procesos de todos los que nos encontramos en término del segundo año de inducción y quedamos en la incertidumbre de qué pasará con la asignación de docentes, directores y asesores técnicos que aún no contamos con nombramientos definitivos en nuestros respectivos puestos, además de que siguen pendientes los resultados del último grupo de maestros que fue evaluado antes de la victoria de AMLO.
El siguiente punto es algo que se ha negociado con los gobiernos estatales, entre ellos el de Zacatecas, es la absorción de la nómina docente por parte de la federación, debido a que otra de las quejas constantes de los maestros “estatales” es por los retrasos en los pagos y que además en palabras del secretario de finanzas de Zacatecas, la nómina magisterial se ha vuelto un calvario para el estado y que según el gobernador Alejandro Tello causa que se retrasen los pagos a proveedores. Pero esta medida será realizada de forma sistemática y curiosamente a Zacatecas le toca hasta 2021 por lo que ni Jorge Miranda ni Tello verán los resultados de sus incansables gestiones.
En su afán de terminar con la corrupción y el tráfico de influencias el control de la nómina traerá consigo el fin de aviadores que han sido incluidos desde los estados y se verificará que trabajador que reciba pago se encuentre trabajando realmente en algún espacio educativo, además de que también curiosamente la nómina magisterial dependerá completamente de la federación para 2021 año trascendental en la vida política de MORENA y de todo el país.
Dentro del punto D del mismo memorándum se estipula que se darán las facilidades para la contratación de docentes egresados de las escuelas normales del país debido a que cuentan con los perfiles más adecuados para estar en las aulas. Sin embargo no garantiza que sean buenos maestros en el aula por lo que se ha hablado sobre el fortalecimiento a las escuelas normales y en sí a la formación inicial y continua de los profesores, sin embargo este punto genera controversia con los egresados de escuelas como UPN y otras instituciones privadas que ofrecen licenciaturas con perfil de docencia en educación básica, dichos egresados se encontrarán en desventajas claras para su contratación y el otorgamiento de plazas, entonces ¿Cómo garantizar que se contraten a los mejores docentes para las aulas de nuestro país?
Finalmente solicitan la liberación de presos políticos y líderes que se encuentren privados de su libertad por luchar en contra de la reforma educativa de 2013 e incluso que se les reinstale en sus funciones a los profesores y las profesoras que hayan perdido su empleo por efectos de dicha reforma, en garantía a sus derechos laborales y constitucionales.
Dicho memorándum causó indignación entre varios grupos parlamentarios debido a que lo tomaron como una amenaza y bajo el argumento de que el ejecutivo no puede tomar funciones del legislativo como lo es hacer las leyes, restaron importancia a las recomendaciones de AMLO e incluso se han interpuesto amparos ante dicho documento y buscarán minimizarlo por las vías legales pertinentes.
Dichas discrepancias podrían causar efectos contrarios en los grupos parlamentarios debido a que lo toman como una imposición desde el ejecutivo, pero no se habla sobre los puntos positivos y negativos de dicho documento, como siempre los que menos opinan son los docentes y sobre todo la población en general que es quien recibe dicho servicio y cuyos resultados mantienen al estado de Zacatecas en los últimos lugares del país en los resultados de la prueba PLANEA, pero ese será tema para otra columna, saludos para quienes se toman el tiempo de leerme y sobre todo las mejores vibras.