Patricio Torres Paredes

 

PRIMERA LECTURA

Sabrá Dios si la reforma al Código Civil que propone la diputada Perla Guadalupe Martínez Delgado, de aprobarse, garantice mayor armonía en el seno de las familias. Sobre todo, si represente un avance significativo hacia la justicia social que merecen las sufridas amas de casa. La iniciativa de la priista tiene como objetivo que los apellidos con los que se registre a un nuevo crío no se ubiquen, como hasta ahora, primero el del padre y luego el de la madre. Martínez Delgado, que pudo ser Delgado Martínez, plantean que papi y mami negocien y lleguen un acuerdo para que el chamaco se llame Godofredo Obeso de la Barriga. O bien, Godofredo de la Barriga Obeso. Perla Guadalupe no precisa si la negocia matrimonial podría llegar a un equitativo 50 y 50, es decir, la mitad de los hijos, por ejemplo los varones, con el apellido del papá por delante para que fueran Carrera Veloz. La otra mitad, las mujeres, serían Veloz Carrera. El gran problema sería cuando tanto la mamá como el papá se apellidan igual. Pérez, por ejemplo. Cómo podría saber la señora, suponiendo que ganara la discusión al señor, que el primer Pérez es el de ella y no el de su cónyuge. Pero ya metida la 63 Legislatura en este sesudo debate, habrá que confiar en que se encuentren soluciones salomónicas para que papá, mamá e hijos queden contentos y sean una familia feliz.

 

 

 

PARA HECHOS

Para quienes se quejan de que el clan Monreal aparece hasta en la sopa de fideos, que se preparen porque otro miembro de la familia está por entrar en una posición de primer nivel en el Poder Judicial del Estado de Zacatecas. La 63 Legislatura está inmersa en el proceso de elección de la magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa que sustituya a Raquel Velasco Macías. Entre las cinco candidatas que el gobernador Alejandro Tello escogió, de las ocho que le propuso la Legislatura, aparece Aída Alicia Lugo Dávila, esposa de Eulogio Monreal Ávila, delegado de la SEP en Aguascalientes. Las otras cuatro aspirantes son: María de San Juan Villalobos, Nancy Frías Pérez, Margarita Ureño Medina y Bertha Gutiérrez Villegas. Quienes gustan de las apuestas hacen favorita a la cuñada del senador Ricardo Monreal para que ocupe un asiento en el Tribunal de Justicia Administrativa, al lado de Uriel Márquez Cristerna, primo del gobernador Tello Cristerna.

 

 

 

DE URGENTE RESOLUCIÓN

La iniciativa del diputado Raúl Ulloa para reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública es muy importante y de urgente resolución. El legislador fresnillense plantea revisar lo relativo a los órganos de control interno que se inventaron en esta administración, cuyos titulares, sintiéndose fiscales nombrados y amparados por el gobernador Alejandro Tello, llenan el hígado de piedritas a los titulares de las dependencias. Les hacen la vida imposible. Juzgan arbitrariamente sus decisiones y en todas encuentran huellas de corrupción. Ulloa proponen que no solamente dependen operativamente de la Secretaría de la Función Pública, sino también administrativamente. Es decir, que sean empleados de esa dependencia y ella les pague su salario. Está bien. Pero también es indispensable ponerles reglas claras que impidan se conviertan en verdugos de la santa inquisición.

 

 

 

ES CUANTO

Como primera intervención, sin que entorpezca la cirugía mayor que tendrá que hacerse al cuerpo podrido del Issstezac, la diputada Alma Dávila Luévano presentó una iniciativa de reforma a la ley para poner tope a los salarios de los funcionarios de alto y mediano rangos. Ninguno debe ganar más de 50 mil pesos mensuales, incluyendo bonos, prestaciones y estímulos. La medida es oportuna. Sin embargo, queda un tanto corta. Habrá que completarla para que el instituto no pague con sus recursos gastos personales y de representación del director Marco Vinicio Flores Guerrero y de otros funcionarios de primer nivel. Ya encarrerado el gato, Dávila Luévano tendría que proponer salarios topes para los diputados locales.