Por: PAULO GUILLEN 

La inyección de dinero que se prevé para los programas sociales propuestos desde el Paquete Económico para el Estado de Zacatecas 2022, es sin duda una buena noticia que complementará la estrategia subsidiaria nacional para atender a la población más vulnerable.

La coordinación entonces de la Federación y nuestra entidad, será -tentativamente- repito, – tentativamente-, más palpable por los sectores más vulnerables. Esta es una de las estrategias más visibles y, aunque polémica, parece acertada!

Más dinero para programas sociales y menos para algunas dependencias públicas, parece buena idea, el problema, es que ese grupo de población vulnerable, puede crecer rápidamente si analizamos que el gasto administrativo propuesto por la Nueva Gobernanza, trastoca SENSIBLEMENTE la operatividad de las dependencias, ¿Qué es esto de la Gestión Administrativa? Pongámoslo en términos llanos y permítame centrar mi comentario de hoy en este punto.

Los pretendidos recortes a los Poderes del Estado, las dependencias públicas, los órganos constitucionalmente autónomos y los tribunales, así como a la defensora pública, el instituto de la juventud, la profesionalización del personal de las instituciones, la justicia laboral y el transporte público, por mencionar sólo algunos, son los que permitirían la planeación del incremento al gasto en programas sociales, mismos que se propone operen, desde pequeñas sedesoles insertadas en oficinas del ejecutivo.

Sin embargo esto parece un contrasentido, empujar a las dependencias públicas para que adelgacen sus nóminas con la finalidad de apoyar a personas en situación de vulnerabilidad donde, sin problema, podrían caber las nuevas personas sin empleo? -se entiende la contradicción-?

Nuevas contrataciones y salarios dorados para el cumplimiento de compromisos políticos no pueden estar en la agenda de un gobierno que pretenda hacer las cosas diferentes, pero limitar los presupuestos de las dependencias de forma indiscriminada, dejando en la indefensión a miles de trabajadores que ya cuentan o creen contar con estabilidad laboral, es una estrategia por decir lo menos, equivocada.

Del aumento al impuesto sobre la nómina y el cobro anticipado de derechos como el vehicular, ni hablemos. La Ley de Ingresos es otro boleto y La Ley de Austeridad Otro, pero ambas serán torales para dar forma a la Nueva Gobernanza y pese a los intentos de frenarlas, hay pocas posibilidades.

Pero si se trata de equivocaciones, permítame el radioescucha dar un pequeño giro a esta misma polémica; en conferencia de prensa, el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Arturo Nahle García, cumplió su palabra y, acompañado de líderes feministas, se disculpó con las mujeres que se hubieran sentido ofendidas por sus polémicas palabras acerca del famoso error de dedo que él, atribuiría a una mujer; finalmente el Magistrado corrigió y aceptó su evidente error, lo que no aceptó, fue el recorte al Poder Judicial que encabeza, lo engañaron -dijo- trasladó la culpa a un hombre, de alta jerarquía, -dijo-, al cual instó a tener el valor cívico de aceptar y corregir su error al dejar sin el presupuesto mínimo, el irreductible -dijo-, para garantizar como mínimo la operación de los juzgados.

Algunos incluso preferían que la cosa quedara así, sin la disculpa, porque ya sabían que el pleito podría escalar. Las mujeres no, ellas sí urgían que el magistrado acepara públicamente su error. por cierto desde el Paquete Económico enviado por el Ejecutivo a la Legislatura, también se propone la disminución a la Secretaría de las Mujeres.

Si el Paquete Económico 2022 no fuera polémico, no se entendería la preocupación callada de algunos de los nuevos secretarios que acompañan actualmente al ejecutivo, no pueden hablar, no se pueden manifestar personalmente, pero que no le extrañe que ellos mismos promuevan movilizaciones antes de que el presupuesto les sea arrebatado.

Finalmente, no está demás recordar que las atribuciones del ejecutivo, el legislativo y judicial, fueron plasmadas en la Constitución con un objetivo de alcanzar una administración soberana y ética en beneficio del pueblo, esta división de poderes, debería impedir el abuso, debería lograr que UN PODER LIMITE A OTRO PODER, debería propiciar un EQUILIBRIO DE PODERES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN, pero eso depende de quien ostente los cargos.

La única posibilidad de equilibrar esta etapa de encono, se encuentra irónicamente en la discusión legislativa entorno a la posible REESTRUCTURA DE LA DEUDA PÚBLICA, hasta aquí mi comentario.