Marzo 07, 2022
Hay quienes se distraen con el dilema de la filtración y dejan de lado lo filtrado, que sin duda es ya el escándalo más relevante en la historia de la procuración de justicia en nuestro país.
Sin desconocer que el espionaje telefónico dentro de la Fiscalía General de la República (FGR) constituye un delito que debe ser investigado, lo expuesto públicamente durante la conversación disponible en YouTube desde la medianoche del jueves 3 de marzo es la confirmación del método más indignante para utilizar con fines personales a una institución del Estado mexicano.
La fiscalía es el patíbulo para sacrificar a los oponentes de Alejandro Gertz Manero y del régimen que lo solapa. El contenido de las llamadas publicadas con Juan Ramos López, titular del área especializada en la investigación de delitos federales y principal operador de la agenda personal de Gertz, es ya un huracán mediático que impacta también a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y exhibe un sistema de justicia en estado de putrefacción.
Desde las primeras horas del jueves, el periódico El Universal ya anticipaba el sentido del proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán sobre el caso de Alejandra Cuevas, hija de la que fue esposa de Federico Gertz, hermano del fiscal y a quien se le mantiene encarcelada desde hace 506 días acusada de homicidio por omisión, sin elementos fehacientes que permitan establecer su presunta culpabilidad.
Trascendió que la propuesta que se presentaría al pleno de la Corte para su análisis el próximo 14 de marzo estaría planteando su libertad. Alonso Castillo Cuevas, hijo de Alejandra, me confirma que no se les compartió el proyecto de resolución y los audios difundidos demostrarían la indebida filtración.
Los puntos más trascendentes de los cuatro audios que son de conocimiento público revelan que supuestamente el ministro ponente del caso corrió indebidamente la “atención” de enviar por anticipado su proyecto al escritorio de Gertz y, al leerlo en varias ocasiones, alzó el teléfono de la red privada en la fiscalía para cruzar impresiones con Juan Ramos.
Si se confirma que los audios son reales, más allá del lenguaje soez que se le conoce a Gertz en el intercambio con sus colaboradores, se estaría ante supuestas revelaciones cuya veracidad no ha sido desmentida hasta el momento por los involucrados:
- Se afirma haber recibido por anticipado el proyecto de resolución de un tema de su interés personal, lo que significaría una grave irregularidad, atribuible a la oficina del ministro Alberto Pérez Dayán en el máximo tribunal.
- Tras la aparente lectura del documento, los participantes deducen que Alejandra Cuevas podría ser puesta en libertad.
- Gertz se queja de que Pérez Dayán le estaría facilitando la vía a un magistrado de la Ciudad de México para liberar a la hija de su excuñada.
- Reconoce que el ministro ponente no cumplió un supuesto acuerdo previo.
- Con enojo califica a Pérez Dayán de cobarde y anticipa que al hacerse público el proyecto presentaría los alegatos que quiera, sin exponer públicamente que ha intervenido directamente en el asunto.
- El fiscal aparentemente establece que el ponente le quiere ver la cara, además de expresar que el ministro se le volteó.
- Expresa a Ramos que tiene la certeza de que varios ministros no aceptarían la propuesta de Pérez Dayán y que enviaría sus consideraciones al presidente de la Corte, con quien supuestamente dijo haber tenido una plática respecto al tratamiento del caso de su interés.
- Gertz revela que aparentemente el ministro Arturo Zaldívar le habría expresado su desconfianza hacia el ponente.
- El fiscal General de la República habría afirmado tener tres o cuatro ministros alineados para no dejar pasar la propuesta de Pérez Dayán.
- El tratamiento general de las supuestas expresiones de Gertz Manero develaría una influencia inadmisible en el trabajo jurisdiccional del Tribunal Constitucional, lastimando los principios de honestidad, objetividad, imparcialidad, autonomía e independencia que deben regir el comportamiento de sus integrantes.
Es imperativo por el bien de la Suprema Corte, ya inmersa en el escándalo, que haya un pronunciamiento institucional para atajar las naturales deducciones que lastiman su imagen.
Gertz y cualquier funcionario público pueden decir lo que les plazca en privado, pero al hacerse público el contenido de las llamadas se evidencia que utiliza a la FGR para perseguir a sus adversarios y lastimar a quien le dé la gana, violando el debido proceso y la protección de los derechos humanos.
Hay decenas de casos en los que se puede documentar como el fiscal abusa de su posición. Uno emblemático es la persecución a la familia Jenkins de Landa, propietaria a través de su Fundación de la Universidad de las Américas Puebla, por un litigio personal en el que Gertz es juez y parte. En ese asunto se ordenó a Juan Ramos operar la autorrevocación de un no ejercicio de la acción penal, para perseguir a los Jenkins y sus litigantes, pisoteando sus derechos impunemente.
Si el Senado de la República todavía funciona como institución legislativa, no solo debe llamar a comparecer al fiscal, de inmediato tendría que tramitar el cese de Gertz con elementos objetivos que harían imparable su destitución, a pesar de la protección del presidente de la República que se ha convertido en cómplice de atrocidades que prometió combatir.
De no cambiar repentinamente los escenarios, justo dentro de una semana la Corte estaría analizando el caso de Alejandra Cuevas Morán e irremediablemente lo hará con una intensa carga de morbo. Ya veremos el comportamiento de las ministras y los ministros ante los planteamientos del proyecto y las reacciones de un fiscal indigno de su investidura, preso de sus odios como antítesis de la justicia.
EDICTOS
Los deplorables actos de violencia registrados en el Estadio Corregidora son inconcebibles. El equipo de Querétaro debe ser desafiliado por su directa responsabilidad en los hechos que se salieron de control y nos avergüenzan como país. Diversas investigaciones periodísticas bien documentadas han dado cuenta de la infiltración de operadores del crimen organizado en las barras de diversos equipos de futbol.
Dice el manual de los estrategas de los regímenes autoritarios que un escándalo opaca a otro. La tragedia de Querétaro no difumina el conflicto de interés de José Ramón López Beltrán, ni el naufragio en la Fiscalía General de la República y nuestro sistema de justicia.