El diputado local Ernesto González Romo presentó a la Comisión Permanente de la LXIV Legislatura una iniciativa por la que se expide la Ley de Publicidad y Comunicación Oficial del Estado. Este es un proyecto más del Plan Integral Parlamentario para la Paz y Seguridad de Zacatecas toda vez que entre sus objetivos está el evitar que los poderes, organismos o municipios del estado contraten publicidad oficial en los medios de comunicación que fomenten la subcultura del delito mediante la reproducción masiva de canciones, narcocorridos, narcoseries o novelas que promuevan los actos delictivos enalteciendo la figura de los delincuentes como personas dignas de ser admiradas o emuladas. El legislador dijo que no se puede prohibir la producción de esos contenidos, sin embargo éstos no deben ser financiados con recursos del Estado.
De la misma manera, esta propuesta pretende garantizar la libertad de expresión y el ejercicio periodístico ya que se establece que ningún contrato, convenio o concesión podrá cancelarse por la actividad periodística o por la línea editorial crítica de algún periodista o medio de comunicación; en el mismo sentido se determina que bajo ninguna circunstancia se podrá perseguir a un periodista por la vía judicial derivado de las opiniones o comentarios que realice en ejercicio de su actividad profesional.
Vale destacar que en este proyecto de ley se crea la figura del Comité de Autorregulación y Ética Periodística, se trata de un organismo autónomo formado por especialistas e integrantes del medio periodístico que entre otras cosas se encargará de elaborar un registro de medios de comunicación y periodistas; solamente quienes estén en ese padrón tendrán la posibilidad de acceder a contratos de publicidad oficial; el Comité tendrá derecho a suspender de vender espacios de publicidad oficial al medio de comunicación que tenga trabajadores contratados sin la debida seguridad social o con prestaciones por debajo de las mínimas establecidas en la ley.
En la iniciativa del diputado morenista González Romo se agrega que los medios de comunicación serán medidos por el Instituto Electoral del Estado para conocer su lugar entre las preferencias de los ciudadanos y quienes accedan a convenios deberán pagar a sus empleados un bono especial de publicidad oficial, consistente en la parte proporcional que le corresponda del 10 por ciento al total neto de los contratos de publicidad oficial que haya cobrado el medio de comunicación en el ejercicio fiscal inmediato anterior.
Otra novedad de la propuesta es que plantea que tanto el Gobernador como el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso, el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia, el Fiscal General de Justicia del Estado y los titulares de los organismos autónomos realicen cuando menos una conferencia de prensa cada quince días para que respondan de manera directa los cuestionamientos de los representantes de los medios de comunicación.