Por: Arturo Nahle García
Este lunes el Presidente presentó una iniciativa que pretende incorporar en la Constitución mecanismos democráticos que permitan a la ciudadanía participar en los procesos de elección de las y los Ministros de la Corte, Magistrados de Circuito, Jueces de Distrito y Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Propone reducir de 11 a 9 el número de ministros, que ya no duren 15 años en el cargo sino 12, que al concluir no tengan derecho a pensión y no ganen más que él. Propone que sean elegidos de manera directa y secreta por la ciudadanía en las elecciones ordinarias.
El Presidente postularía de manera paritaria hasta diez aspirantes, cada Cámara postularía hasta cinco mediante votación calificada, y el Pleno de la Suprema Corte postularía hasta diez.
El INE organizaría el proceso electivo y la Sala Superior del TRIFE resolvería las impugnaciones.
Para el caso de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, la elección se realizaría no por distritos sino por circuito judicial, durarían en su encargo nueve años y podrían ser reelegidos.
Durante la campaña, los candidatos tendrían acceso a radio y televisión y podrían participar en debates organizados por el INE. Estaría prohibido el financiamiento público o privado de las campañas, los partidos políticos no podrían realizar actos de proselitismo a favor o en contra de ningún candidato y no habría etapa de precampaña.
Los siete magistrados electorales de la Sala Superior serían elegidos de la misma forma.
También se propone desaparecer el Consejo de la Judicatura Federal y en su lugar crear un nuevo órgano de administración judicial y un Tribunal de Disciplina Judicial.
El Tribunal de Disciplina se integraría por cinco miembros electos por la ciudadanía a nivel nacional de la misma forma que los Ministros, durarían seis años en su cargo sin posibilidad de reelección.
El órgano de administración judicial se integraría por seis personas que durarían en su encargo seis años improrrogables, una sería designada por el Poder Ejecutivo, dos por el Senado mediante votación calificada y tres por el Pleno de la Suprema Corte.
En Latinoamérica solo en Bolivia los integrantes de las altas cortes son elegidos mediante sufragio universal, con base en una preselección de candidatos que realiza la Asamblea Legislativa.
Para rematar, la iniciativa propone que en las Constituciones y Leyes de los Estados, se establezca que la elección de magistrados y jueces también sea a través voto directo y secreto de la ciudadanía y que también haya Tribunales de Disciplina y órganos de administración judicial locales.
