Por: Arturo Nahle García
La familia Monreal ha gobernado Fresnillo 17 años, de 1998 al 2004 lo hizo el
entonces gobernador Ricardo Monreal a través de José Chávez y Gonzalo
Ledezma; del 2004 al 2010 sus hermanos Rodolfo y David; paralelamente su
hermana Susana fue Diputada Federal. Los gobernadores priistas Miguel Alonso y
Alejandro Tello les quitaron el juguetito aunque David se coló al Senado y Saúl al
Congreso local; pero en el 2018 -con el tsunami de Morena- Saúl recuperó
Fresnillo y David se hizo gobernador.
Pues coincidentemente en estos años Fresnillo se convirtió no solo en el municipio
más violento del Estado, sino en uno de los más convulsionados a nivel nacional,
según el INEGI la percepción de inseguridad es del 96.4 %.
Simultáneamente la familia se vio implicada en diversos escándalos, el más
sonado fue en enero del 2009 cuando el ejército incautó más de 14 toneladas de
marihuana en una bodega propiedad de Cándido.
Y como olvidar el de abril del 2013 cuando el CISEN y la PGR frustraron un
atentado contra Ricardo y David en la Ciudad de México; por esos hechos fue
detenido Arturo Guardado Méndez, hermano del ex alcalde de Fresnillo Juan
Carlos Guardado, desaparecido en febrero del 2011.
Pero lo ocurrido la semana pasada son palabras mayores, el miércoles asesinaron
a tiros a Juan Pérez Guardado, cuñado de Ricardo, y el sábado al sobrino Jorge
Antonio Monreal, ambos funcionarios municipales.
El golpazo a la familia más influyente de Zacatecas se dio el mismo día que
asesinaron en Sombrerete a Cecilio Murillo, hermano del alcalde, y al empresario
José Olvera Fraga.
Estas ejecuciones se salen totalmente de los parámetros a los que ya estamos
acostumbrados, no fueron producto de un enfrentamiento entre cárteles o de éstos
con las corporaciones de seguridad, tampoco parece que hayan sido en represalia
por no pagar derecho de piso, porque los confundieron o por tratarse de
narcomenudistas, para nada.
Los analistas nacionales más serios coinciden en que se trata de un mensaje de la
delincuencia organizada al gobierno local en el marco de un proceso electoral,
como el del 6 de enero del 2022 cuando dejaron 10 cuerpos en plena plaza de
armas.
Y es que en muchos lugares la incursión de los carteles en la política es evidente,
ellos autorizan o desautorizan permisos, nombramientos, obras o eventos, en
síntesis cogobiernan. Este fenómeno puede enturbiar las elecciones y, lo peor,
puede dar al traste la pacificación, la recuperación económica y la gobernabilidad
del Estado.