Por: Arturo Nahle García
Desde la Independencia, México sufrió una serie de revueltas que hacían común
el cambio de gobierno sin que hubiera elecciones de por medio, lo que ocasionaba
que cada nuevo gobierno emanado de una contienda interna tuviera que luchar
duramente con la diplomacia extranjera para conseguir el reconocimiento oficial de
las naciones extranjeras y así validarse dentro de su propio país. Esto ponía a
México en una situación débil pues las naciones poderosas aprovechaban su
influencia para conseguir ventajas económicas o políticas a cambio de reconocer
al nuevo gobierno.
En 1907 el canciller ecuatoriano Carlos R. Tovar propuso la llamada “Doctrina
Tovar”, la cual exhortaba a los gobiernos de Latinoamérica a reconocerse
mutuamente y a su vez negar el reconocimiento a cualquier gobierno que surgiera
de un movimiento revolucionario.
Pues la revolución mexicana originó una serie de sucesiones presidenciales por la
vía revolucionaria, los caudillos tenían que mandar misiones diplomáticas a las
naciones extranjeras, especialmente a Estados Unidos, en busca de
reconocimiento. Cuando se promulgó la Constitución de 1917 que acababa con
los privilegios económicos de industrias estadounidenses, el gobierno de Estados
Unidos se negó a reconocer al gobierno mexicano a menos que éste derogara los
artículos constitucionales que afectaban sus intereses.
En 1919, ya finalizada la Primera Guerra Mundial, se creó la Sociedad de las
Naciones, hoy Naciones Unidas, pues México no fue invitado a formar parte de
ella por los problemas no resueltos con Estados Unidos.
El 27 de septiembre de 1930, el Canciller mexicano Genaro Estrada, estableció
que el gobierno de México no otorgaría reconocimientos por ser una práctica
denigrante que hiere la soberanía de otras naciones. El gobierno se limitaría a
mantener o retirar, cuando lo creyera procedente, a sus agentes diplomáticos, sin
calificar el derecho de las naciones para aceptar, mantener o sustituir a sus
autoridades. Esa es la “Doctrina Estrada” que rige nuestra política exterior y está
consagrada en el artículo 89 de la Constitución.
Al año siguiente (1931) ingresamos a la Sociedad de las Naciones y desde
entonces hemos establecido nuestra posición a favor del derecho internacional, de
la no intervención, la autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica de
los conflictos internacionales.
La “Doctrina Estrada” nos dio un gran prestigio internacional, el ejemplo más
notable fue cuando México rechazó la expulsión de Cuba de la OEA porque
Estados Unidos rechazaba al nuevo gobierno revolucionario de corte comunista
que se instalaba en la isla.
En los setentas, México no otorgó reconocimiento a los países sudamericanos que
sufrieron golpes de Estado, nos limitamos a mantener o retirar nuestras misiones
diplomáticas.
Vicente Fox aplicó la “Doctrina Estrada” cuando el golpe de Estado en Venezuela
contra Hugo Chávez el 11 de abril del 2002, sin embargo sus dos secretarios de
Relaciones Exteriores (Jorge Castañeda y Luis Ernesto Derbéz), fueron dejándola
de lado cuando comenzaron a criticar el régimen cubano por el tema de los
derechos humanos.
Cuando el golpe de estado en Honduras contra Manuel Zelaya el 28 de junio de
2009, el gobierno de Felipe Calderón apoyó abiertamente al gobierno destituido,
desconociendo el gobierno de facto de Roberto Micheletti emanado por la fuerza.
En enero de 2019, apegándose a la “Doctrina Estrada”, López Obrados se abstuvo
de reconocer la legitimidad del presidente interino de Venezuela Juan Guaidó, sin
embargo, a fines del 2022, no reconoció al gobierno de Dina Boluarte quien llegó a
la presidencia de Perú tras haberse declarado la vacancia de Pedro Castillo
Terrones por haber intentado un autogolpe de Estado ordenando el cierre del
Congreso y la intervención al Poder Judicial. López Obrador calificó de ilegítimo el
gobierno de Boluarte y se negó a entregarle la presidencia pro tempore de la
Alianza del Pacífico. Por sus constantes ataques mediáticos, AMLO fue declarado
persona non grata el 22 de mayo del 2023.
Situación similar ocurrió cuando Jeanine Áñez sucedió a Evo Morales en Bolivia y
hasta asilo político le dimos.
Pues ahora es Ecuador, AMLO declaró que el presidente Daniel Noboa ganó las
elecciones el año pasado gracias al asesinato del candidato Fernando
Villavicencio, en respuesta expulsaron a nuestra embajadora, luego
indebidamente le dimos asilo al ex vicepresidente y el ejército ecuatoriano,
también indebidamente, allanó nuestra embajada.
Más allá de quien tiene la razón o quien inició este pleito, cabe preguntarse ¿Qué
tan moral y políticamente válido es que México se mantenga neutral ante
gobiernos clasificados como dictaduras?.
Evidentemente es muy discutible, lo cierto es que la mayoría de los países del
mundo siguen haciendo público su reconocimiento o no de nuevos países o
nuevos gobiernos extranjeros como forma de indicar si se les considera legítimos
o ilegítimos, especialmente si no emanan de procesos democráticos.