Por: Arturo Nahle García
Esta semana la aplanadora de Morena y sus aliados volverán a reformar la
Constitución para seguir dándole gusto a López Obrador, ahora van a
extinguir siete órganos autónomos: el Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Comisión Nacional de Mejora
Continua de la Educación, la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión
Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Federal de Competencia
Económica, el Instituto Federal de Telecomunicaciones y el Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales (INAI).
Las funciones que tienen éstos órganos pasarán a diversas dependencias
del Gobierno Federal, algunas al INEGI y al Instituto Nacional Electoral.
Yo estoy totalmente de acuerdo con la extinción del CONEVAL y sus siete
Consejeros, el INEGI puede perfectamente medir la pobreza y que la
política de desarrollo social la evalúe la Función Pública y la Auditoría
Superior.
También estoy de acuerdo en la extinción de la Comisión Nacional para la
Mejora Continua de la Educación, siempre me pareció un exceso que
tuviera una Junta Directiva con cinco integrantes, un Consejo Técnico con
otros siete integrantes y aparte un Consejo Ciudadano. Burocracia
magisterial totalmente innecesaria.
También me parece un acierto la extinción de la Comisión Reguladora de
Energía con sus cinco Comisionados y la Comisión Nacional de
Hidrocarburos con otros cinco Comisionados; éstas Comisiones nunca
fueron órganos constitucionales autónomos sino simples órganos
desconcentrados de la Secretaría de Energía, o sea siempre han sido parte
del Poder Ejecutivo; su creación a rango constitucional fue muy extraña, lo
correcto es que la Secretaría de Energía sea quien lleve a cabo la
regulación técnica, económica y sancionadora en materia energética y de
hidrocarburos.
Respecto a la Comisión Federal de Competencia Económica y sus siete
Comisionados, así como el Instituto Federal de Telecomunicaciones y sus
siete Comisionados, me parece que si se extinguen y se le transfiere a la
Secretaría de Economía la facultad de garantizar la libre competencia y
concurrencia; y a la SCT la facultad de otorgar, revocar y autorizar cambios
a los concesionarios de radio y televisión, no pasa nada.
Lo que si me parece arbitrario es que los actos y omisiones de estas
dependencias solo podrán ser impugnados mediante juicio de amparo
indirecto y no serán objeto de suspensión; ni siquiera habrá recursos
ordinarios contra actos intraprocesales. Esto evidentemente no le gustará ni
a los radiodifusores ni a las televisoras.
Lo más desafortunado es la extinción del INAI, los mexicanos ya no
tendremos un órgano autónomo que obligue a todas las autoridades a
promover, respetar y garantizar el derecho de acceso a la información
pública y a la protección de datos personales.
La excepción será la información de los partidos políticos y los sindicatos, a
los primeros el INE se encargará de obligarlos y a los segundos el Centro
Federal de Conciliación y Registro Laboral.
Siempre dijimos que siete Comisionados en el INAI eran demasiados y que
su estructura orgánica era excesiva, siempre propusimos redimensionarlo,
adelgazarlo, pero no desaparecerlo.
Y en los Estados pasará lo mismo, se eliminarán todos los organismos
autónomos estatales que garantizan el derecho de acceso a la información,
esa función la tendrán ahora los Órganos Internos de Control de cada
dependencia u organismo.
Las legislaturas locales tendrán un plazo de 90 días para armonizar el
marco jurídico en materia de acceso a la información.
Finalmente, se modificará el artículo 41 constitucional para que el Comité
Técnico de Evaluación para la elección de los Consejeros Electorales esté
integrado por cinco personas, en lugar de siete, el absurdo es que tres
serán nombradas por la Junta de Coordinación Política de la Cámara de
Diputados y dos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Las economías que se generen con la extinción de estos entes públicos se
destinarán al Fondo de Pensiones para el Bienestar y los derechos
laborales de los trabajadores supuestamente serán respetados. No lo creo,
esos órganos en su momento se los repartieron el PRI, el PAN y hasta el
PRD, es obvio que ahora Morena va por ellos.