En un país multicultural y diverso como el nuestro, se debe garantizar la representación continua y permanente de todos los sectores de la sociedad, a efecto de que distintas voces, perspectivas e ideologías tengan la oportunidad de participar en la vida pública. Actualmente, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley Federal de Austeridad y el Código Penal Federal prohíben el nepotismo, como una forma de abuso de poder en la que los políticos aprovechan su cargo para contratar o intervenir en favor de familiares. Sin embargo, en México no está prohibido el nepotismo electoral como un requisito de idoneidad de las personas para participar por un cargo de elección popular.
Por ello, en el Senado de la República analizamos la iniciativa de reforma constitucional de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, donde propone que no podrá ser gobernador o gobernadora, diputada o diputado, alcalde o alcaldesa, regidor o regidora, sindica o síndico, la persona que tenga o haya tenido en los últimos tres años anteriores al día de la elección un vínculo de matrimonio, concubinato o relación de pareja, de parentesco por consanguinidad o civil en línea recta sin limitación de grado y en línea colateral hasta el cuarto grado o de afinidad hasta el segundo grado, con la persona que está ejerciendo la titularidad de ese cargo. Esto incluye a padres, hijas, nietos, hermanas, tías, sobrinos, primas, suegros, yernos, nueras y cuñadas.
En este contexto, se debe tener la responsabilidad de predicar con el ejemplo, actuar con congruencia y dar un mensaje, no solo a la ciudadanía, sino también al resto de los partidos. El texto de la reforma estipula que los vínculos de parentesco que se prohíben deberán tener una antigüedad mínima de tres años antes de la elección. Esto quiere decir que, si una persona se divorcia tres o más años antes de la elección, aún podría participar en el proceso electoral. No obstante, más allá de la letra de la ley, está el espíritu de la reforma: erradicar el nepotismo y dar paso a un sistema político basado en méritos y no en apellidos.
En lugar de esperar a que la reforma entre en vigor en 2027, se tiene la oportunidad de aplicar este principio de manera inmediata como un criterio interno de selección de candidatos. No se trata de hacer excepciones temporales o justificar relaciones de parentesco disueltas hace poco tiempo, porque el nepotismo, al final, es nepotismo. El compromiso con la democracia y la lucha contra la corrupción no depende de los plazos, sino de principios. Está en nosotros rechazar cualquier intento de perpetuar redes de poder familiares basadas en la lealtad personal, haciendo de esta reforma una realidad y no una simple promesa.