En estos últimos días surgieron diversos temas que en buena medida están relacionados con el derecho a la libre manifestación de las ideas, el cual no debe ser objeto de ninguna inquisición salvo que ataque la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público.
De hecho el artículo 6° constitucional establece que el derecho a la información debe ser garantizado por el Estado y que toda persona tiene derecho al libre acceso de información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.
Y no solo eso, el Estado debe garantizar el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión, telecomunicaciones, banda ancha e Internet. Éstos servicios públicos son de interés general, por lo que el Estado debe garantizar el acceso libre y sin
injerencias arbitrarias, preservando la pluralidad y veracidad de la información.
En síntesis, es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio y no se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos. Dicho de otra manera, ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de difusión.
Pues resulta que un ex trabajador de Televisa denunció públicamente como se le ordenaba elaborar y difundir noticias falsas para favorecer o perjudicar a ciertos personajes. El asunto no es menor, la denuncia involucra directamente, entre otros, al ex presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, artífice de la nefasta reforma judicial y hombre cercanísimo a la Presidenta Claudia Sheinbaum.
En la oficina de la televisora más importante del país donde se fabricaban estas campañas sucias, estaban comisionados funcionarios de la Corte, Senadores y Diputados Federales de diferentes partidos.
Otro tema relacionado fue un artículo publicado por el ex presidente Ernesto Zedillo en la revista Letras Libres de Enrique Krauze titulado “De la democracia a la tiranía”. En su artículo el ex presidente criticó severamente y con sólidos argumentos la reforma judicial.
La respuesta del gobierno y su partido no se hizo esperar, le resucitaron la matanza de Acteal, el error de diciembre, el Fobaproa y, por si fuera poco, activaron al hijo del defenestrado General José de Jesús Gutiérrez Rebollo, quien aspira a ser ministro de la Corte, para acusar a la esposa de Zedillo, con audios inverosímiles, de supuestos nexos con el crimen organizado. Esta campaña sucia que sin duda muestra intolerancia oficial a la crítica, no se fraguó en Televisa, se fraguó en Palacio Nacional. Que grave !
Y ahí no pararon los escándalos mediáticos, resulta que el gobierno de Estados Unidos contrató la difusión de spots antinmigrantes en la televisión mexicana; en los spots la Secretaria de Seguridad Nacional de Trump, Kristi Noem, asocia a los migrantes con la delincuencia y les advierte que si cruzan la frontera sin
documentos serán perseguidos.
El gobierno mexicano ordenó la suspensión de estos mensajes y, para dar sustento legal a su decisión, envió una iniciativa de reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
El remedio salió peor que la enfermedad porque la iniciativa no se limita a prohibirle a gobiernos extranjeros que contraten publicidad en México, sino que en el artículo 109 faculta a una nueva dependencia del gobierno para bloquear cualquier red social o cualquier página de internet cuando así lo considere. Esto y
censura es exactamente lo mismo, dijo la oposición. La aprobación de esta polémica iniciativa obviamente se complicó y tuvo que diferirse para un análisis más profundo en otro periodo de sesiones.
Históricamente este tipo de asuntos eran atendidos y resueltos quirúrgicamente en la Secretaría de Gobernación, hoy encabezada por una Licenciada en Periodismo egresada de la Escuela Carlos Septien; ojalá que esta importantísima dependencia retome su función respetando lo que ordena nuestra Carta Magna:
“La radiodifusión, las telecomunicaciones y el internet son servicios públicos de interés general, el Estado debe garantizar el acceso libre y sin injerencias arbitrarias, preservando la pluralidad y veracidad de la información”.