El pasado 1 de junio, México vivió un momento histórico que fortalece nuestra democracia. Por primera vez, millones de mexicanas y mexicanos salimos a votar para elegir de manera directa a quienes integrarán el Poder Judicial.
Como senadora y como zacatecana, me llenó de orgullo ver cómo nuestro pueblo respondió al llamado de la democracia. En Zacatecas, el 100 % de las casillas se instalaron con normalidad. Hubo una ciudadanía informada, participativa y, sobre todo, decidida a construir un país más justo desde las urnas.
Cada voto fue una decisión consciente para avanzar hacia un Poder Judicial que ya no esté reservado para unos cuantos, sino al servicio de todas y todos los mexicanos.
Esta elección fue posible gracias a la reforma impulsada por nuestro movimiento, pero sobre todo, gracias a la voluntad firme del pueblo, la visión del presidente Andrés Manuel López Obrador y el liderazgo de nuestra querida presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
Algunas voces de la oposición intentaron deslegitimar este proceso. Hablaron de participación “baja”, sin entender que todo primer paso en la historia suele estar lleno de obstáculos. ¿Cómo no celebrar una elección inédita que logró movilizar a más de 13 millones de personas, sin precedentes ni campañas costosas? La participación fue un triunfo ciudadano. Fue más alta que la de partidos de oposición enteros en elecciones pasadas. ¿Qué más prueba quieren?
Este México que eligió a las personas juzgadoras por voto popular es el mismo que quiere una justicia sin corrupción, sin influencias y sin intocables.
La participación ciudadana en esta elección representa mucho más que una cifra en las estadísticas. Significa que millones de personas alzaron la voz para decir “sí” a un nuevo modelo de justicia.
Es cierto que no fue una elección como las que estamos acostumbrados a ver, pero fue un ejercicio genuino de democracia directa. Cada mexicana y cada mexicano que acudió a las urnas lo hizo con la convicción de que el país necesita un Poder Judicial más transparente, más humano y más cercano a la realidad de la gente.
La democratización del Poder Judicial no es un capricho político, es una deuda histórica. Por primera vez, las y los juzgadores tendrán que responder ante el pueblo, porque será el pueblo quien los elija y, en consecuencia, quien los evalúe. Eso fortalece la confianza en las instituciones y le da sentido real a la justicia como pilar de la democracia.
Los beneficios de este proceso llegarán directamente al pueblo. Cuando una jueza o un juez sabe que fue elegido por la ciudadanía, su compromiso no es con intereses de poder, sino con las necesidades reales de la sociedad.
Tendremos impartidores de justicia más sensibles a las causas del pueblo, más comprometidos con la legalidad y menos influenciables por grupos de presión.
Esto se traducirá, con el tiempo, en sentencias más justas, procesos más ágiles y una justicia verdaderamente al servicio de quienes más la necesitan: el pueblo trabajador, las mujeres, los jóvenes, las comunidades y los sectores históricamente excluidos.