El domingo sesionó el Consejo General del INE para calificar la validez de la polémica elección judicial y 6 de los 11 Consejeros dijeron que no fue una elección libre y auténtica cuyos resultados reflejen la libre voluntad ciudadana, que el proceso no se apegó a los principios de la función electoral.
El Consejero José Martín Fernando Faz Mora dijo que no puede ser casualidad que en seis de cada diez casillas la ciudadanía votara de forma prácticamente idéntica en una boleta que considerando que tenía hasta nueve votos posibles de una lista de 64 candidaturas, existía la descomunal cantidad de 7,468 combinaciones posibles. La probabilidad estadística de que fuera así es prácticamente de cero. El resultado sólo puede entenderse a partir de la influencia directa que se hizo a través de los acordeones.
El Consejero Arturo Castillo Loza dijo que fue una elección enorme, compleja, organizada en condiciones adversas, con un marco normativo incompleto y contradictorio, sin dinero y sin tiempo. Abonó a la incertidumbre la cantidad y novedad de cargos a elegir, la complejidad de las boletas y el número reducido de casillas; la falta de recursos afectó la participación ciudadana y la posibilidad de implementar conteos rápidos a un programa de resultados preliminares, así como una legislación incompleta y restrictiva que no previó mecanismos de revisión y vigilancia efectivos.
La totalidad de las candidaturas ganadoras en la Suprema Corte, el Tribunal de Disciplina Judicial, la Sala Superior y en cuatro de las cinco Salas Regionales del Tribunal Electoral, coinciden con las promovidas en los acordeones.
Los acordeones fueron propaganda ilícita pagada con recursos prohibidos. Hay denuncias por la distribución en 23 entidades federativas de por lo menos 37 modelos distintos de acordeones que en su mayoría promovieron a las mismas candidaturas ganadoras.
En los cargos nacionales, las candidaturas ganadoras estaban incluidas en el 80 por ciento de los acordeones y en los cargos de las salas regionales la coincidencia es del 85 por ciento; esto constituye un indicio de que a pesar de las diferencias entre los distintos acordeones se trató de una estrategia propagandística dirigida intencionalmente a beneficiar a las mismas
candidaturas. Todo esto podría actualizar el supuesto de nulidad previsto en la Ley. La Consejera Beatriz Claudia Zavala Pérez habló sobre la afectación por las diferencias metodológicas de las convocatorias y la desigualdad de las condiciones para ser postulado a un cargo de elección popular; o la ausencia de debates y la operación del sistema de radio y televisión.
Si bien la jornada transcurrió en un ambiente de orden y tranquilidad, fue lamentable que se hayan registrado una serie de prácticas y conductas corruptas y antidemocráticas, realizadas bajo formas organizadas y financiadas con recursos cuya procedencia desconocemos. El punto es que detrás de todas esas actuaciones, necesariamente hubo algún tipo de planeación y organización a cargo de “alguien”. El Consejero Jaime Rivera Velázquez dijo que no podemos negar que la premura de la reforma judicial, el poco cuidado en algunas reglas y el afán de la mayoría del congreso de sesgar políticamente estas elecciones afectaron la calidad del
proceso y revivieron prácticas electorales viciadas que habían sido desterradas desde hace décadas.
La selección de candidatos por parte de los Poderes Ejecutivo y Legislativo afectó de origen el principio de imparcialidad y la equidad de la competencia; la cantidad de cargos por elegir simultáneamente hizo imposible que el grueso de la población pudiera identificar a muchos candidatos o pudiera discernir entre los distintos niveles y funciones de los cargos del Poder Judicial. La competencia se dio entre una mayoría de personas desconocidas ante una ciudadanía que no contaba con muchos elementos para elegir de manera
informada. Una expectativa de escasa participación ciudadana bien podría haber hecho
reflexionar que elegir jueces de esa manera no era la mejor idea; y como se temía que la participación fuera baja, desde el poder se trató de elevarla por todos los medios.
Hay reportes de robo de paquetes con boletas electorales por parte de grupos armados que después de marcarlas fueron devueltas a las casillas para introducirlas a las urnas. Encontrar esas huellas de fraude, fue para mí como un viaje al pasado, cuando siendo yo muy joven y representante de un partido socialista, denunciaba y reclamaba ante la autoridad electoral de aquel entonces esa clase de tropelías.
Hace 40 años así ocurría y desde la oposición casi nada podíamos hacer, por fortuna la transición democrática mexicana permitió superar esa era. No traicionemos esa transición avalando prácticas fraudulentas que, si quedan impunes, actuarán como incentivos para continuar una regresión histórica. La Consejera Dania Paola Ravel Cuevas dijo que en su juventud no conoció algunas conductas como el ratón loco, la operación tamal, el carrusel, las casillas zapato y demás; pero en estas elecciones advirtió casillas que registraron una participación ciudadana igual o mayor al 100 por ciento, boletas sin marcas de dobleces, votos registrados con caligrafía que a simple vista se ve idéntica y votaciones en múltiples boletas no sólo por las mismas personas, sino en el mismo orden; casillas en las que para que hubiera podido votar el número de personas que se reporta tendrían que haber permanecido abiertas 29 horas, casillas en donde uno o más candidatos recibieron la totalidad de los votos, casillas en las que se reportó que los paquetes electorales contenían boletas que ya estaban marcadas, reportes de que en algunos casos se permitió que una
persona votara varias veces.
Finalmente la Consejera Carla Astrid Humphrey Jordan calificó de oprobioso el fenómeno de las boletas sin señales de dobleces, la desaparición de los listados nominales de casilla, la misma caligrafía en diversas boletas con idéntica secuencia numérica, el robo de paquetes electorales enteros, los acordeones a las puertas de las casillas o en redes sociales y denuncias por boletas apócrifas, es decir, copias a color. En Chiapas ocurrieron el 70 por ciento de estos vicios. Pues esta última Consejera, a pesar de lo que dijo, votó a favor de la validez del proceso. Nunca falta un Yunes, nunca falta un Pérez Dayán.