Hasta 1994, año en que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio, era costoso y
muy complicado adquirir legalmente en México productos de importación, para
introducirlos al país había que pagar altos impuestos después de trámites
sumamente engorrosos, por no decir imposibles.
Falluquear se convirtió entonces no sólo en una práctica común, sino en una
auténtica profesión. Aparatos electrónicos, ropa y otros productos
norteamericanos se comercializaban en el mercado negro, no había una sola
ciudad o pueblo donde no hubiera un espacio para la falluca, eran muy
concurridos no sólo porque ahí se conseguían cosas que aquí no había, sino
porque aparentemente eran de mejor calidad y a precios relativamente
razonables.
Con el TLC falluquear dejó de ser atractivo, llegaron a México infinidad de
franquicias y aquí ya se consigue absolutamente todo, sobre todo artículos chinos,
sin necesidad de exponerse o dar mordidas a los agentes aduanales.
Hoy el contrabando es fundamentalmente de drogas, armas y obviamente
indocumentados, a los narcos y coyotes que se dedican a eso les debe ir bastante
bien.
Pero hay un producto que pocos sabían que se introduce al país de manera ilegal
y a gran escala, me refiero a los combustibles, concretamente gasolina y diésel.
Resulta que en los últimos años la producción de Pemex ha ido a la baja y
después de ser una potencia petrolera, hoy México importa el 60 por ciento de las
gasolinas que consumimos y el 75 por ciento del gas natural que necesita la CFE
y la industria nacional.
Con la reforma energética del 2013 impulsada por el presidente Peña Nieto, el
gobierno repartió a diestra y siniestra permisos de importación de combustibles a
amigos, parientes y socios de altos funcionarios; llegó a haber en el mercado
cerca de dos mil permisos de importación que se vendían al mejor postor, muchos
de ellos con vigencia de hasta 20 años.
A la llegada de López Obrador no solo se suspendió el otorgamiento de estos
permisos, sino que se canceló la mayoría de los existentes. Para conseguir ahora
uno de estos permisos el solicitante tiene que informar y acreditar donde va a
comprar el combustible, como lo va a transportar, donde lo va a almacenar y como
lo va a distribuir y vender en México, muy pocas personas o empresas tienen esa
capacidad e infraestructura.
Así las cosas, la importación de combustibles no es tan sencilla, estamos
hablando de grandes volúmenes y del pago de miles de millones de pesos por
concepto de impuestos especiales.
La idea era y sigue siendo que solo Pemex pueda importar combustibles y que
todos los gasolineros le compren a la paraestatal, pero algunos se fueron al
amparo y con su amparo en mano siguen importando.
Pues la novedad es que ya tenemos nuevos falluqueros que se las ingenian para
meter al país, obviamente de contrabando para evadir impuestos, enormes
cantidades de hidrocarburos a través de barcos, trenes y pipas. A veces lo hacen
a escondidas, otras veces a los ojos del mundo utilizando facturas y permisos de
importación evidentemente falsos.
El quebranto a la hacienda pública es brutal, se dice que alcanza los 170 mil
millones de pesos, diez veces más que la estafa de Segalmex y veinte veces más
que la estafa maestra.
Lo peor del asunto es que ya salió a relucir que en el llamado huachicol fiscal
están involucrados, entre otros, los más altos mandos de la Secretaría de Marina.
El caso de corrupción más grande de la historia justamente en el gobierno de la
honestidad valiente.
Ya hay una docena de marinos y agentes aduanales detenidos, pero se asegura
que su detención no fue producto de una investigación acuciosa de la Fiscalía
General de la República, sino de una investigación por parte de los Estados
Unidos, que a eso vino la semana pasada el Secretario de Estado norteamericano
Marco Rubio.
Pues a ver hasta donde salpica este caso, la oposición jura y perjura que
campañas de Morena fueron financiadas con dinero de los huachicoleros y se está
frotando las manos para que el estiércol llegue hasta el mismísimo López Obrador
y sus hijos, al tiempo.