Por: Arturo Nahle García
El artículo primero de nuestra Constitución establece que todas las autoridades
tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos
humanos y éstos deben ser progresivos, o sea que deben ampliarse
gradualmente, evitando retrocesos, evitando que disminuyan los estándares de
protección previamente establecidos.
¿Qué podemos hacer los ciudadanos cuando una autoridad no respeta nuestros
derechos? el principal medio de defensa que tenemos los mexicanos ante actos
u omisiones ilegales o arbitrarios de cualquier autoridad, incluidos los jueces, es
el juicio de amparo.
Y el amparo también procede contra leyes federales que vulneren o restrinjan la
soberanía de los Estados, o contra leyes locales que invadan la competencia
federal.
Este maravilloso mecanismo de defensa lo propuso en 1841 el jurista Manuel
Cresencio Rejón en la Constitución de su natal Yucatán; seis años después, en
1847, Mariano Otero impulsó su inclusión en el Acta de Reformas de la
Constitución de 1824.
En 1849 se concedió el primer amparo en México a Manuel Verástegui contra una
orden de destierro emitida por el gobernador de San Luis Potosí.
El juicio de amparo fue incluido en la Constitución de 1857 y posteriormente en la
Constitución de Querétaro de 1917. En 1936 se publicó la ley que lo reguló
durante décadas hasta que en abril del 2013 Peña Nieto publicó la ley vigente
ampliando la protección de los derechos humanos, mejorando la eficiencia de la
justicia y fortaleciendo al Poder Judicial.
Algo que es importantísimo en los juicios de amparo es la suspensión, esta
consiste en que la autoridad debe suspender el acto que se le está reclamando
hasta que se dicte la sentencia.
Con la abominable reforma judicial de López Obrador se eliminó la suspensión con
efectos generales, o sea los amparos ya solo benefician a quien los interpuso, sin
generar efectos generales para otras personas; esto obviamente afectó los
llamados “derechos colectivos”.
Pues ahora la presidenta Sheinbaum está impulsando otra reforma igualmente
regresiva, propone que quien promueva un amparo acredite previa y
fehacientemente su interés legítimo, que acredite que el acto que reclama le
ocasiona una lesión jurídica real, actual y diferenciada del resto de la ciudadanía; y
que acredite también que la anulación del acto o la ley que reclama efectivamente
le va a producir un beneficio cierto, directo y tangible, que no sea una simple
expectativa o un efecto hipotético.
Estos nuevos requisitos se van a prestar para que los llamados “jueces del
bienestar” desechen amparos importantes para un colectivo con el argumento de
que no está debidamente acreditado el interés legítimo.
Pero la reforma más preocupante es la que limita la suspensión provisional, la iniciativa
propone que no se suspendan los bloqueos de cuentas bancarias ordenadas por la UIF
(Unidad de Inteligencia Financiera); que no se suspendan actos relacionados con la
deuda pública o el funcionamiento del sistema financiero; y que no se suspendan órdenes
de aprehensión o medidas cautelares de prisión dictadas por los jueces.
En los casos de bloqueo de cuentas y de deuda pública y sistema financiero, la
persona quejosa deberá acreditar el origen lícito de sus recursos para obtener la
suspensión definitiva. ¿Qué no debería ser al revés? ¿No debería ser la UIF la
obligada a probar que las cuentas que está bloqueando contienen recursos de
procedencia ilícita?
Y en cuanto a no suspender órdenes de aprehensión y medidas cautelares de
prisión preventiva, significa que en lo que vemos si el juez se excedió o no al
emitirlas, encerrado te quedas.
Por si fuera poco, la presidenta también propone que ya no proceda la ampliación
de la demanda de amparo, salvo en ciertos casos; y que ya no se sancione a las
autoridades que no cumplan con las sentencias de amparo si acreditan
imposibilidad jurídica o material para hacerlo.
Como se observa esta reforma es un retroceso en la protección de los derechos
humanos, es una reforma que lejos de ampararnos nos desampara frente a
autoridades abusivas, arbitrarias y terriblemente corruptas, por decir lo menos.
La cereza del pastel es un transitorio que ordena que la reforma se aplique
retroactivamente, increíble !