Por: Arturo Nahle García
Tras los asesinatos de los alcaldes de Cotija, Tacámbaro y ahora Uruapan, así como de dos dirigentes de los productores de limón, la presidenta Sheinbaum anunció ayer el “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”.
Este anuncio que parece de “bote pronto” me recuerda la “Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral en el Estado de Michoacán” que anunció el presidente Peña Nieto el 15 de enero del 2014 para reestablecer el orden y la seguridad en ese Estado. Y es que por esos días habían aparecido grupos de resistencia civil denominados “autodefensas” o “guardias comunitarios”, conformados mayoritariamente por aguacateros y limoneros que, por la ineficacia del gobierno, decidieron tomar las armas para defenderse de cárteles como “La Familia Michoacana” de Nazario
Moreno alias “El Chayo” y “Los Caballeros Templarios” de Servando Gómez alias
“La Tuta”.
Se dice que las armas de grueso calibre y vehículos que traían las autodefensas se las proporcionó otro cártel, el “Jalisco Nueva Generación” liderado por Nemesio Oseguera alias “El Mencho”, originario de Aguililla Michoacán. Lo cierto es que el comisionado nombrado por Peña Nieto no fue a combatir a los cárteles, fue solo a tratar de pacificar el Estado a través del desarme de las autodefensas, cuando supuestamente lo logró se regresó a la Ciudad de México y Michoacán siguió estando, hasta la fecha, a merced de los grupos delictivos. Tan es así que el líder de las autodefensas, Hipólito Mora, terminó acribillado con fusiles barrett cuando viajaba en un vehículo blindado custodiado por tres policías.
Estas medidas fallidas del gobierno federal también me recuerdan la “Comisión para el Diálogo y la Reconciliación en Chiapas” que en 1994 encabezó Manuel Camacho Solís para atender y resolver el alzamiento del “Ejército Zapatista de
Liberación Nacional”.
Y no vayamos tan lejos, en diciembre del año pasado la presidenta envío de tiempo completo a Omar García Harfuch a Sinaloa después de la crisis que se desató por la entrega de “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán Junior al gobierno de Estados Unidos; Harfuch se quedó unos días en Culiacán, regresó a la capital y Sinaloa sigue igual o peor.
Así las cosas, que no nos sorprenda que al rato el gobierno anuncie otros planes o conforme otras comisiones para que se encarguen del problemón de inseguridad que hay en Colima por la disputa del puerto de Manzanillo; o en Guanajuato donde
los narcos ya aceptan tarjetas de crédito en sus retenes carreteros; o en Tabasco para barrer de una vez por todas a “La Barredora”.
La verdad es que Michoacán se cuece aparte, tiene casi 5 millones de habitantes distribuidos en 113 municipios y 10 regiones socioeconómicas: la región Lerma – Chapala donde está Zamora; el Bajío donde está La Piedad; Cuitzeo donde está
Morelia; la región Oriente donde está Zitácuaro; la región Tepalcatepec donde está Apatzingán; la región Purépecha donde está Uruapan; la región de Pátzcuaro; Tierra Caliente; la Costa donde obviamente está el puerto Lázaro Cárdenas; e
Infiernillo donde está Ario de Rosales y la Huacana.
Michoacán llegó a ser el primer productor agrícola del país, pero también los sectores comercial, siderúrgico y pesquero son de la mayor importancia. Precisamente por su potencial económico, sus 200 kilómetros de costa y su colindancia con entidades igualmente emproblemadas como Guanajuato, Colima, Jalisco y Guerrero, es que han florecido diversos grupos de la delincuencia organizada que han llegado a extremos como los bombazos en el Grito de Independencia de Morelia en el año 2008, ese evento está considerado como el
primer acto terrorista en la historia contemporánea de México.
Y tampoco hay que olvidar que el único ex gobernador al que la 4T se le ha ido encima es justamente al de Michoacán, en marzo de este año la Fiscalía General de la República le tramitó una orden de aprehensión a Silvano Aureoles por peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa; estas acusaciones están relacionadas con el desvío de más de 3 mil millones de
pesos destinados a la construcción de siete cuarteles de la Guardia Civil durante
su administración.
Pues ojalá me equivoque, pero todo indica que el trillado Plan Michoacán más que una estrategia para contener la violencia en la tierra de los Uchepos y las Corundas, es en realidad una estrategia mediática para contener los efectos políticos y sociales adversos que a nivel nacional e internacional generó el asesinato en una plaza pública de un alcalde previamente amenazado que traía
catorce elementos federales custodiándolo.