Por: Arturo Nahle García
Nuestra constitución establece que son propiedad de la nación las aguas de los
mares, las lagunas, esteros, lagos, los ríos y sus afluentes, las corrientes
constantes o intermitentes, los manantiales, las aguas que se extraigan de las
minas, etcétera.
La explotación, el uso o aprovechamiento de las aguas por los particulares, solo
puede realizarse mediante concesiones otorgadas por el Ejecutivo Federal, de
acuerdo con las reglas y condiciones que establece la Ley de Aguas Nacionales
expedida por Salinas de Gortari en 1992. En esa ley se faculta a la Comisión
Nacional del Agua y sus Organismos y Consejos de Cuenca para otorgar
concesiones pero de acuerdo con el Programa Nacional Hídrico y los Programas
Hídricos de cada Cuenca.
Las concesiones se pueden otorgar para uso agrícola, para conservación
ecológica, acuacultura, para uso doméstico, industrial, minero, pecuario o urbano.
La CNA establece los volúmenes de extracción, la duración de cada concesión y
las denominadas zonas de veda, reglamentadas o de reserva.
La ley establece los derechos y obligaciones de los concesionarios, en qué casos
se puede prorrogar, suspender, extinguir o revocar una concesión y las
restricciones de uso; uno de esos derechos es el de transmitir la concesión
ajustándose a lo dispuesto por la ley.
Pues en octubre la presidenta Sheinbaum envió al Congreso una iniciativa de
nueva Ley General de Aguas que provocó la protesta de miles de concesionarios
porque se pretendía quitarles el derecho de transmitir y heredar sus concesiones.
El gobierno tuvo que recular, era absurdo que una persona que invirtió un dineral
en perforar y equipar un pozo no lo pudiera vender, donar, rentar o heredar.
Sin embargo el tema del agua merece un debate más amplio, sobre todo en
estados donde la sequía es el principal problema.
En Zacatecas hay 32 acuíferos, algunos de ellos sumamente sobreexplotados
como el de Chupaderos y Aguanaval; y es que la CNA ha otorgado 25 mil
concesiones, el 95 por ciento para uso agrícola, el 4 por ciento para uso público
urbano y el 2 por ciento para uso industrial.
La JIAPAZ, por ejemplo, tiene 76 pozos profundos de los que extrae casi 29
millones de metros cúbicos de agua al año para abastecer a los habitantes de
Zacatecas, Guadalupe, Morelos y Vetagrande; el costo por metro cúbico es de $
18.86.
Esos 29 millones de metros cúbicos son insuficientes, por eso el agua solo llega a
nuestras casas una o dos veces por semana; y para resolver el problema se está
proyectando construir una presa a más de 250 kilómetros de distancia con una
capacidad de 70 millones de metros cúbicos (si es que llueve y se llena) y un
costo de 9,700 millones de pesos.
Es increíble que nadie le haya dicho a nuestras autoridades que aquí en Calera, a
escasos 27 kilómetros, hay una empresa extranjera que tiene una docena de
concesiones y con ellas extrae 12 millones de metros cúbicos de agua al año para
elaborar cerveza; el 40 por ciento de lo que extrae la JIAPAZ.
¿No será más fácil, más rápido y más barato quitarle la mitad del agua a la
cervecería que construir Milpillas? Traer el agua desde Jiménez del Teul va a ser
extremadamente complejo, tardado y caro, el precio obviamente lo vamos a tener
que pagar los consumidores.
No faltará quien diga que la Corona genera 2 mil empleos directos, sí, pero en
estos cuatro municipios habitamos 385 mil personas.
Si de verdad la 4T quiere colocar por encima de cualquier interés particular la vida,
la salud, los ecosistemas y la seguridad hídrica de las futuras generaciones; si de
verdad quiere cerrarle las puertas a la especulación sobre los recursos hídricos,
dejando atrás la época que hizo del agua una mercancía; si de verdad consideran
el derecho humano al agua como un pilar fundamental para la vida, la salud y el
bienestar de toda persona y como obligación del Estado garantizarlo.
Si de verdad ya no quieren permitir la concentración, mercados opacos y
sobreexplotación de cuencas y acuíferos; si de verdad quieren enfrentar la crisis
hídrica que vive el país por la sobreexplotación de los acuíferos, la contaminación
de los ríos y las fugas de agua potable.
En resumen, si de verdad van a reconocer y proteger al agua como lo que es, un
bien público indispensable para la vida, entonces no hay que esperar años a que
se construya y se llene la presa Milpillas, limiten ya el agua que extrae la Corona.