* La acción de inconstitucionalidad contempla cambios administrativos mínimos, afirma Santos González
La esencia y el corazón de la reforma al Poder Judicial de Zacatecas, aprobada por la LXV Legislatura, se mantienen sin cambios; el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la acción de inconstitucionalidad que promovieron 10 diputados del PRI, PAN y PRD, representa una corrección administrativa minúscula que se atenderá y que le costará mucho dinero a la ciudadanía.
El diputado Santos González Huerta, vicecoordinador de la bancada de Morena y uno de los principales impulsores de la reforma judicial estatal y de las enmiendas a la ley orgánica del Poder Judicial, hizo hincapié en que “el eje central de la reforma no está en la integración administrativa, sino en la transformación del sistema de justicia para hacerlo más cercano a la ciudadanía”.
La sentencia de los ministros de la Corte —reiteró el legislador de Morena— “es un ajuste técnico que no modifica el fondo de la reforma judicial aprobada en diciembre del 2025”.
González Huerta salió al paso de las declaraciones triunfalistas que hicieron sus pares de las bancadas del PRI, PAN y PRD y el abogado Jorge Rada. “Quiero dejar muy claro —enfatizó— que el eje central de la reforma no está en la integración administrativa, sino en la transformación del sistema de justicia para hacerlo más cercano a la ciudadanía”.
Por con secuencia —abundó Santos González— “rechazo la idea de que el órgano de administración dependa del Poder Ejecutivo. Las personas designadas pasaron por procesos de evaluación en los distintos poderes del estado y una vez nombradas su responsabilidad es exclusivamente con el Poder Judicial”
El vicecoordinador del grupo parlamentario oficial considera temerarias e irresponsables las acusaciones de la oposición sobre un supuesto sometimiento de quienes forman el órgano Administrativo del Poder Judicial al gobernador Monreal.
“Sostener esa versión implicaría asumir que en el pasado quienes fueron designados como magistrados respondían a los gobernadores que los nombraron, lo cual no es compatible con el Estado de Derecho”.
Santos González explicó que en la reforma al Poder Judicial los legisladores consideraron que tres comisionados en el órgano de Administración serían suficientes por el tamaño de ese poder. En el federal se optó por cinco, pero no hay comparación al tamaño.
Reiteró Santos González que la Legislatura acatará la resolución de la Suprema Corte, pero el aumentar el número de funcionarios del Poder Judicial implicará un gasto muy importante que tendrán que pagar los ciudadanos.
Fine