El uso de los recursos públicos para la promoción política personal no sólo es un acto de inmoralidad, cinismo y desvergüenza, sino también una conducta delictiva susceptible de la aplicación de sanciones administrativas y penales, incluyendo la prisión, lo establece la Carta Magna.
Todo esto a propósito de que, en el actual proceso interno del partido gobernante para elegir al coordinador estatal para la defensa de la 4T, sea hombre o mujer, se han utilizado, con evidencias empíricas demostrables, estructuras y recursos públicos, a todas luces violatorio de las normas jurídicas vigentes.
Por cierto, dichos actos en curso, ha sido denunciados ya por los mismos actores participantes.
Lo peor de los casos es que en tales acontecimientos han participado, sin pudor ni prudencia alguna, las máximas autoridades estatales, violentando no sólo los estatutos del partido gobernante, sino las propias normas jurídicas vigentes.
Se ha acusado al mismísimo mandatario estatal de encabezar actos de promoción política favor de sus alfiles preferidos para buscar amarrar, sin lograrlo, la candidatura a la gubernatura de Zacatecas en el proceso electoral del 2027, violentando todas los principios éticos y jurídicos existentes.
El Artículo 134 de la Constitución Política de la República, obliga a los servidores públicos de todos los niveles, a uso de los dineros del pueblo de manera eficaz, eficiente, económica, transparente y con honradez.
Está estrictamente prohibido, en consecuencia, que los recursos públicos se utilicen con fines de promoción personal y de algún candidato o candidata a puesto de elección popular.
El párrafo nueve del Artículo 134 constitucional establece incluso que en ningún caso la propaganda gubernamental incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen la promoción personalizada de cualquier
servidor público. Hacerlo implica un grave delito. Y en Zacatecas el respeto a la Ley, por lo que sucede en nuestra entidad, se lo pasan desfachatadamente por el arco del triunfo.
El Artículo Once de la Ley General en Materia de Delitos Electorales enfatiza que es un delito la coacción o amenazas por algún gobernante dirigidas a subordinados, para obligarlos a que apoyen a algún candidato, hombre o mujer, a puesto específico de representación popular.
Habrá ante este escenario en nuestro Estado, alguna persona valiente o partido político, que se atreva a interponer la denuncia respectiva por el uso de recursos públicos en la promoción personalizada de candidatos a la gubernatura, en razón a que resulta inmoral.
El otro tema es que tales conductas pueden exhibir que hay desesperación en las élites gubernamentales en Zacatecas, por controlar de manera obsesiva la sucesión gubernamental del 2027, que hoy parece que se les escapa en forma inexorable.
Ante tan contexto, hay que reafirmar que la inmoralidad de los cínicos de la política, no favorece y si pervierte, la legalidad democrática de cara a los comicios del 2027 en Zacatecas.