Y aquí la UIF, Hacienda, la Fiscalía General de la República encabezada por Ernestina Godoy y los equipos de Seguridad e Inteligencia que debieran tener carpetas de investigación sobre el caso, simplemente no tienen ni idea de que se les habla.
Mucho menos lo saben en Morena, ni en los grupos del oficialismo en el Senado o la Cámara de Diputados a pesar de que lo revelado pone en evidencia desde Washington cómo operaba una red de delincuencia organizada desde la misma oficina de la gobernadora Marina del Pilar Ávila a través de su entonces esposo Carlos Torres -quien oficialmente el coordinador de Proyectos Estratégicos del gobierno y quien desde esa posición era presentado por la mandataria como su brazo derecho en toda clase de operaciones-, cuya red llegaban hasta el mismo capo conocido como El Mayito Flaco, del Cartel de Sinaloa.
Todo lo revelado podría quedar como un gran tema periodístico y de investigación judicial si no fuese porque lo informado por el Tesoro de EU no evidenciara a todo el sistema de Justicia de México y al Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum como absolutamente inoperantes ante los carteles de la droga y la delincuencia organizada… o como un efectivo esquema de poder al servicio de la delincuencia organizada.
Quienes saben de esto, y en Washington, afirman que es lo segundo.
Es simple y llanamente -afirman los senadores Alejandro Alito Moreno y Ricardo Anaya, presidente del PRI y líder de la bancada del PAN, respectivamente- el resultado de un gobierno penetrado hasta la médula por el narco y la delincuencia organizada que solo usa a sus instituciones al servicio de ese esquema.
En esta nueva denuncia del Departamento del Tesoro de EU a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, la OFAC, se sanciona a 21 colaboradores y 25 empresas de la red de Ismael Zambada Sicairos, alias El Mayito Flaco.
Entre los señalados está Carlos Torres y su hermano Luis Alfonso.
El Departamento de Estado, que encabeza Marco Rubio, indicó que la denuncia del Departamento del Tesoro que coloca al gobierno de Baja California en el centro de estos hechos, evidencia el poder corrosivo del narco en la política mexicana.
“Las sanciones de hoy ponen de relieve el alcance corrosivo de la influencia de los cárteles en el Gobierno de México, particularmente en Baja California, donde allegados al ex esposo de la Gobernadora, un ex director de seguridad pública de Mexicali así como otros operadores políticos presuntamente aceptaron sobornos para proteger las operaciones del Cártel de Sinaloa de las policías…
“Esta acción subraya el compromiso de la Administración (del Presidente) Donald Trump de desmantelar la infraestructura operativa y política del Cártel de Sinaloa en México, así como de desarticular las redes que alimentan el tráfico de fentanilo, la violencia y la corrupción, y que amenazan a comunidades a ambos lados de la frontera”, dijo Tommy Pigott, vocero del Departamento de Estado.
Esta denuncia del Departamento del Tesoro vía la OFAC es solo la continuación de la investigación que inició desde 2025 año en que se retiró la visa de EU a Carlos Torres Torres y a su esposa la gobernadora Marina del Pilar Ávila.
Ya desde entonces se sabía que Torres Torres -y su hermano Luis Alfonso Torres Torres- colaboraban con el cartel local de “Los Rusos” en Baja California, que a su vez son una filial delincuencial de la facción de “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa.
El entonces esposo de la gobernadora sumaba en sus acciones a Pedro Ariel Mendivil García, ex director de seguridad pública en Mexicali.
Hoy la gobernadora morenista Marina del Pilar Ávila no es ya la esposa de Carlos Torres, pero todo lo señalado por el Departamento del Tesoro ocurrió cuando sí lo era, y en el tiempo en que éste era oficialmente coordinador de Proyectos Estratégicos del gobierno y desde ahí decidía sobre proyectos de Gobierno y de parte del presupuesto oficial.
Una vez denunciados desde EU, la UIF -dependiente de la secretaría de Hacienda-, indicó que intervino en México las cuentas de los 21 denunciados y las 25 empresas señalados en la denuncia de la OFAC de EU.
CON EL VOTO EN CONTRA DE LA OPOSICIÓN, APRUEBAN LA REFORMA
El Senado aprobó finalmente la muy cuestionada reforma constitucional para impedir que quienes sean postulados o busquen ser gobernadores, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México o Presidente de México, cuenten con doble nacionalidad.
Una vez aprobado por 86 votos a favor y 42 en contra, el dictamen fue enviado para su aprobación por los congresos estatales.
Para sustentar esta reforma, el senador Óscar Cantón dijo a nombre de su bancada de Morena, que esta reforma “no elimina ningún derecho político ni cancela alguna nacionalidad, sino que busca impedir que se consumen ‘tentaciones, ambiciones y traiciones’ en contra del pueblo de México, como ocurrió en los regímenes de Antonio López de Santa Anna y de Porfirio Díaz”.
La senadora Laura Esquivel, de Acción Nacional afirmó que queda claro que para Morena, PT y Verde “los migrantes (y quienes hoy tienen doble nacionalidad, unos 15 millones) son menos mexicanos, no tienen los mismos derechos”.
El senador Alejandro Moreno, presidente del PRI, consideró esta reforma como “una ocurrencia peligrosa y una ofensa para nuestros paisanos hy los millones de mexicanos que además tienen otra nacionalidad”, por lo que “rechazamos que se utilice la Carta Magna para crear mexicanos de primera y segunda”.
El senador de MC, Luis Donaldo Colosio Riojas dijo que esta reforma confunde el concepto de ciudadanía con el de nacionalidad, y al hacerlo afecta a personas cuyo único vínculo con otro país es haber nacido en él. A esas personas que son mexicanas y mexicanos, dijo, “les estamos diciendo desde la Constitución Política que su nacionalidad de origen las hace sospechosas de deslealtad y que su grado de mexicanidad está en duda”.
La iniciativa fue presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
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