POR ISRAEL GONZÁLEZ
El rescate carretero no puede darse por cumplido mientras las comunidades sigan reclamando caminos transitables.
Hay una distancia que el gobierno de David Monreal no ha conseguido cerrar: la que existe entre las carreteras de sus informes y las que deben recorrer los ciudadanos. En el discurso aparecen inversiones históricas, porcentajes de recuperación y anuncios de transformación.
En las comunidades todavía hay habitantes que tienen que exigir algo elemental: poder salir de sus pueblos por un camino en condiciones dignas.
El compromiso viene desde la campaña. En abril de 2021, Monreal ofrecía comenzar el mejoramiento de la red carretera durante sus primeros cien días de gobierno.
Al asumir el cargo, en septiembre, su propia administración aseguró que todas las comunidades recibirían atención en sus caminos, incluso las más alejadas.
La conectividad fue presentada como una condición para recuperar el desarrollo, la seguridad y el bienestar. Fue una bandera política elegida por él mismo.
Por eso resulta legítimo exigirle cuentas con severidad. Un gobernador que hizo del deterioro carretero un argumento para pedir el voto debe aceptar que el estado de esas vías sea también una medida de su desempeño.
A más de cinco años del arranque de su administración, señalar a los gobiernos anteriores ya no alcanza. La herencia puede explicar el punto de partida; después de cinco presupuestos, no puede convertirse en una coartada permanente.
Gobernar implica hacerse responsable de lo recibido y demostrar, con resultados verificables, qué se corrigió y qué sigue pendiente.
La versión oficial sostiene que el avance ha sido considerable. En septiembre de 2026, el gobierno reportó una inversión acumulada superior a 13 mil 400 millones de pesos y afirmó que el 80 por ciento de las carreteras estatales estaba en buenas condiciones.
Esas cifras deben reconocerse como lo que son: el balance que presenta la propia administración, sujeto al escrutinio público.
Pero los reclamos recientes impiden convertir ese balance en una celebración sin preguntas. El 8 de septiembre, habitantes de Chalchihuites y Jiménez del Teul exigieron nuevamente al gobierno estatal reparar la carretera que los comunica.
Denunciaron hoyos, encharcamientos y dificultades para circular en la zona de Piedras Verdes. Según el reporte de algunos medios de comunicación, aseguraban que sus peticiones de rehabilitación seguían sin respuesta.
Ese caso no describe por sí solo toda la red carretera. Sí demuestra que el relato de recuperación convive con comunidades que siguen esperando atención. Y para esas comunidades, el porcentaje del informe no resuelve el trayecto de mañana.
Si ocho de cada diez carreteras estatales están en buenas condiciones, el gobierno debería mostrar con claridad cuáles son, qué evaluación técnica respalda esa clasificación, cuándo se revisaron y cuánto durarán las reparaciones.
También debe identificar los tramos pendientes, publicar sus calendarios de intervención y explicar por qué determinadas localidades continúan esperando. Una cifra tan contundente exige evidencia igual de contundente.
La obligación de rendir cuentas aumenta cuando el rescate carretero se presenta como uno de los grandes logros del sexenio. Informar cuánto dinero se anuncia o se invierte es apenas una parte de la explicación.
La ciudadanía necesita saber qué recibió a cambio: pavimento durable, mantenimiento oportuno, señalización y condiciones de circulación que se sostengan después de la fotografía inaugural.
Los municipios pagan el costo de esa distancia entre anuncio y resultado. Una carretera deteriorada encarece el traslado de cosechas, complica el comercio, desalienta visitas y dificulta el acceso a servicios. Para una comunidad rural, la conectividad determina cuánto cuesta vender, estudiar, trabajar o llegar a una consulta.
El desarrollo municipal necesita caminos funcionales. Ningún discurso sobre la fortaleza del campo resulta suficiente si sacar la producción sigue siendo una dificultad. Ninguna promoción turística compensa una ruta descuidada. Ninguna declaración de bienestar elimina el gasto que una familia debe enfrentar cuando su vehículo resulta dañado durante un traslado.
También hay responsabilidades diferenciadas: existen carreteras federales, estatales y caminos municipales.
Exigir cuentas requiere identificar quién debe conservar cada tramo. Precisamente por ello, David Monreal debe responder por la red estatal y por la coordinación que ofreció encabezar. La distribución de competencias debe servir para resolver los problemas, jamás para dejar al ciudadano atrapado entre ventanillas.
El gobierno de Morena llegó ofreciendo una manera distinta de gobernar. Esa promesa eleva su responsabilidad.
Si denunció el abandono, debe demostrar que lo superó. Si convirtió el rescate carretero en prioridad, debe aceptar una evaluación exigente de sus resultados. Y si todavía hay comunidades reclamando reparaciones, tiene la obligación de escucharlas sin tratar su inconformidad como una molestia para la narrativa oficial.
Sería injusto afirmar que no se ha realizado ninguna obra.
También sería complaciente aceptar que las obras anunciadas bastan para dar por resuelto el problema. El deber de un gobierno abarca la calidad, la cobertura y la permanencia de sus intervenciones.
La severidad de la crítica corresponde al tamaño del compromiso. David Monreal pidió confianza para reconstruir la conectividad de Zacatecas. Ahora le corresponde demostrar que esa confianza produjo caminos útiles para quienes más los necesitan.
Mientras existan comunidades que deban suplicar atención para transitar, el rescate seguirá siendo una tarea pendiente en esos territorios, por más satisfecho que aparezca el gobierno en sus informes.
El ciudadano no transita sobre porcentajes. Transita sobre el pavimento. Y ahí, lejos del templete, es donde debe responder el gobierno.
FINE