En 1986 (hace 38 años), se estableció un régimen de seguridad social para los trabajadores del gobierno y municipios de Zacatecas; desde entonces la organización y administración de éste régimen quedó a cargo del Issstezac. Actualmente los trabajadores del gobierno aportan mensualmente al Issstezac el 12% de su sueldo, el Gobierno del Estado y sus organismos aportan otro 24% y siete municipios (Zacatecas, Fresnillo, Guadalupe, Río Grande, Juchipila, Juan Aldama y Apozol) solo el 14%. Con estas aportaciones se genera un fondo para que cuando los
derechohabientes cumplan 65 años de edad y 30 de servicio, reciban una pensión.
El Issstezac también otorga pensiones por jubilación anticipada, por vejez, invalidez, viudez, orfandad y ascendencia; pólizas de defunción, de ayuda para gastos funerarios y devolución de cuotas; préstamos hipotecarios, préstamos exprés, para adquisición de automóviles, de bienes y servicios y, a regañadientes, aguinaldos. En el 2021 el gobernador David Monreal, al igual que sus dos antecesores, recibió al Issstezac al borde de la quiebra, ese año recibía de aproximadamente 21 mil derechohabientes y sus patrones 1,187 millones de pesos, pero gastaba 1,585 millones (1,192 millones en pensiones a 4,600 jubilados, 223 millones en sueldos y gasto operativo del Instituto y 170 millones más en pérdidas de sus hoteles, tiendas, farmacias, funerarias, boliches y balnearios). En estos tres años el déficit de 400 millones se ha incrementado de manera alarmante.
En su oportunidad lo dijimos, el Issstezac es una bomba de tiempo y es urgente vender, rentar o simplemente cerrar los negocios que no son negocio; urge reestructurar o reducir el tamaño del Instituto; urge cobrarle al COBAEZ los 156 millones que debía (ahorita ya es mucho más); y urge vender los bienes para remediar los males.
Pues finalmente el gobernador y los actuales diputados determinaron que esas medidas no eran suficientes, optaron por reformar la ley para que se incrementen gradualmente las cuotas de los trabajadores del 12% al 16% y las del gobierno del 24% al 32%; gravar no solo el sueldo sino también la compensación y el aguinaldo de los burócratas; reducir de 60 a 30 días el aguinaldo de los pensionados; bajar el límite de las pensiones y hacerlas complementarias con las del Seguro Social.
Y no solo eso, establecieron otras medidas igualmente drásticas, por ejemplo las cuotas aportadas por los trabajadores no se les devolverán si las reclaman después de tres meses de que causaron baja (antes eran doce meses); ah! pero las que se reclamen en tiempo el Issstezac ya no las devolverá en sesenta días sino en 18 meses. El monto máximo de una pensión que antes era de 25 salarios mínimos mensuales ($190,000.00), ahora será de 15 UMAS mensuales ($ 49,500.00) y se incrementará de acuerdo a la inflación registrada en el mes de enero de cada año. El incremento en enero de este año fue del 0.89 %.
La pensión de orfandad bajará de 60 salarios mínimos a la 60 UMAS; la póliza de defunción bajará de 220 salarios mínimos a 220 UMAS; la póliza de ayuda para gastos de funeral bajará de 200 salarios mínimos a 200 UMAS, y si el fallecido era pensionado bajará de 100 salarios mínimos a 100 UMAS. Los prestamos exprés bajarán de 50 salarios mínimos a 50 UMAS; los de mediano plazo de 2,130 salarios mínimos a 2,130 UMAS; y los préstamos para la adquisición de vehículos de 2,800 salarios mínimos a 2,800 UMAS. A las autoridades que no enteraban oportunamente al Issstezac las aportaciones y retenciones se les multaba con 500 salarios mínimos, la multa a esas autoridades ahora será de solo 500 UMAS.
Para dimensionar las cosas, debe decirse que el salario mínimo vigente es de $ 249.00 diarios, en cambio la UMA (Unidad de Medida y Actualización) es de solo $ 108.57 diarios, menos de la mitad. Y ahí no termina la reforma, el artículo 128 de la ley establecía que si el Issstezac perdía capacidad financiera para pagar las prestaciones a las que está obligado, los entes públicos eran corresponsables, pues esa corresponsabilidad la desparecieron. La buena noticia es que las cuotas de los trabajadores se reducirán un 0.5% anual, pero a partir del año 2043; en cambio las del gobierno se incrementarán del 32 al 38% y la de los municipios del 22 al 28%, pero
a partir del 2038. En los artículos transitorios se instruye a la Auditoría Superior para que investigue los desfalcos y al Director para que no haga nuevas contrataciones y las plazas que se desocupen las congele, también se le instruye para diseñar un esquema de liquidaciones y de extinción total de la actividad empresarial. Eso está muy bien ! Como se observa las medidas adoptadas son muy duras, se dice que del tamaño de la enfermedad debe ser el remedio, habrá que esperar como se resuelven los amparos que ya anunciaron algunos trabajadores y sus abogados.