El 1 de diciembre de 2018, al asumir la Presidencia, López Obrador prometió mantener una relación respetuosa con los otros poderes y afirmó que el Ejecutivo dejaría de ser “el poder de los poderes”. Sin embargo, esta postura se debilitó tras diversos fallos de la Suprema Corte que invalidaron iniciativas clave de su gobierno, como el Plan B electoral, reformas en materia energética, el traspaso de la Guardia Nacional a la SEDENA y la clasificación de obras como de seguridad nacional para evitar la transparencia.
Ante estos reveses, impulsó una reforma judicial que permitió la elección popular de ministros y la reconfiguración del Poder Judicial. Esta reforma, consolidada en su último año de gobierno, incluyó la destitución masiva de jueces y magistrados, dando paso a nuevos perfiles cuestionados por su falta de experiencia y por un proceso electoral ampliamente criticado.
En este nuevo esquema, las funciones de los Consejos de la Judicatura fueron transferidas a órganos administrativos y disciplinarios con integración mixta, abriendo la puerta a una mayor influencia del Ejecutivo y el Legislativo.
En Zacatecas, donde previamente no existía un Consejo de la Judicatura y el Pleno del Tribunal concentraba funciones jurisdiccionales y administrativas, la situación cambió drásticamente. El 27 de diciembre de 2024, en un proceso legislativo acelerado, se reformó la Constitución local para retirar facultades al Pleno y concentrarlas en un nuevo Órgano de Administración Judicial con solo tres integrantes, designados en su mayoría por el Ejecutivo y el Legislativo. Esto implicó, en los hechos, la pérdida de autonomía del Poder Judicial estatal.
Esta decisión contradijo compromisos previos del gobernador David Monreal, quien había garantizado respeto a la independencia judicial e incluso impulsado en 2022 una Ley Orgánica que fortalecía la carrera judicial y combatía el nepotismo.
Posteriormente, en junio de 2025, dicha ley fue abrogada y sustituida por una nueva normativa con deficiencias importantes, incluyendo la eliminación de requisitos constitucionales para ocupar cargos como el de magistrado.
Estas acciones derivaron en una acción de inconstitucionalidad promovida por legisladores de oposición. La Suprema Corte resolvió que la integración actual del Órgano de Administración Judicial en Zacatecas vulnera la autonomía judicial y el principio de división de poderes, al permitir una injerencia directa de otros poderes.
Este fallo representa una oportunidad para restituir la independencia y dignidad del Poder Judicial en el estado, en un contexto marcado por decisiones controvertidas y cuestionamientos sobre su conducción.