“No me pidas que te quiera/ porque te estoy adorando/ y sólo vivo pensando/ en tu amor, a mi manera…” Claudio Estrada
MOISÉS SÁNCHEZ LIMÓN
AGOSTO 06.- ¿Sabe usted qué implica la solicitud, ante un Tribunal de alzada, de reconocimiento de inocencia y anulación de sentencia?
Ni más ni menos que la libertad y absolución de cuatro marinos perseguidos por intereses del narco en el estado de Tamaulipas; acusados, primero, de desaparición forzada de persona, y, luego, de homicidio.
Y sí, la magistrada Angélica Lucio Rosales, del Tribunal Colegiado de Apelación del IV Circuito con sede en Monterrey, Nuevo León, tiene en sus manos la decisión de dictar a favor de la solicitud de reconocimiento de inocencia y anulación de sentencia, hecha por la defensa de estos miembros de la Armada de México.
¿Habrá justicia?
Porque, ¡caray!, pese a haber demostrado su inocencia, la justicia no ha corrido a favor de los cuatro marinos –eran cinco, pero uno dizque se “suicidó”—recluidos desde el 2 de marzo de 2016 en una prisión militar, aunque sujetos a proceso desde 2013.
Resulta que la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ana Margarita Ríos Farjat, el 21 de febrero de 2024 les negó el amparo directo promovido contra la condena de nueve años y cuatro meses y 15 días de cárcel que un tribunal federal les impuso en enero de 2022, revocándoles la primera de fecha 28 de febrero de 2020 por 22 años y seis meses.
Permítame le platico.
Seguramente usted ha escuchado el nombre del marino Raúl Enrique Sánchez Labrada y lo asocia con una de esas injusticias que son el pan de cada día en México, pero dizque ya prontito serán cosa del pasado.
¿Sí?
Dirá que ese episodio es gasolina que aviva a la pira con la que la 4T segundo piso ascensor está a punto de culminar la extinción del Poder Judicial de la Federación maldecido por Su Alteza Serenísima Andrés Manuel López Obrador mediante un mecanismo leguleyo denominado “Reforma Judicial”.
¡Recáspita, ministro Zaldívar!
Pero…
¿Usted cree que habrá justicia para Sánchez Labrada, capitán de fragata del Cuerpo General con especialidad en Infantería de Marina Paracaidista con 24 años de servicio, interrumpidos en 2013 cuando, junto con cuatro marinos bajo su mando fueron acusados por la comisión del delito de desaparición de persona y, luego, de homicidio?
Sí, se trata del capitán de fragata Sánchez Labrada y los marinos Eliseo Sánchez Patrón, Carlos Verdugo Amarillas y Alfi Ahumada Espinoza. Renato Juárez Arellanes, el quinto implicado murió en prisión en marzo de 2020; presuntamente se suicidó, pero hay fundada presunción de que fue asesinado.
Y se preguntará usted, la causa de tanta saña contra estos marinos.
Hoy no sorprende saber que todo fue producto de la detención, en la que participó Sánchez Labrada, del narcotraficante Miguel Ángel Treviño Morales (a) “El Z 40”, el 15 de julio de 2013 en un tramo carretero entre Nuevo Laredo, Tamaulipas, y la localidad de Colombia, municipio de Anáhuac, Nuevo León.
Y el caso, es decir, la fabricación de los delitos de desaparición forzada de persona y homicidio estuvo a cargo de Raymundo Ramos Vázquez, activista de derechos humanos en Nuevo Laredo, Tamaulipas, quien protegía a “El Z 40”.
Fácil. Al Capitán de Fragata Raúl Enrique Sánchez Labrada y a los cuatro marinos bajo su mando se les fabricó el delito de desaparición de Armando Humberto del Bosque Villarreal, cuyo padre, Humberto del Bosque Gutiérrez, fue engañado por la policía municipal de Colombia, Nuevo León.
Y se la creyó tanto que hasta a su novia María Patricia Flores Hernández, registró como víctima indirecta para recibir indemnización.
¡Ah, chingaos! ¿Indemnización de qué?, es ilegal porque lo prohíbe la Ley General de Víctimas.
Aunque así es esto de las malas mañas e incluso don Humberto se convirtió en el elemento de venganza de Raymundo Ramos Vázquez, por la captura de su protegido, el narco Miguel Ángel Treviño Morales, El Z 40. Por cierto, Ray hasta se hizo abogado de don Humber.
Ni más ni menos.
Y qué le parece que, en este tinglado de corrupción y trafico de intereses, participó la agente del Ministerio Publico Elvira Reyna Pérez, quien dio por admitidos y válidos elementos de prueba fabricados por Alfredo Grande Barrera, secretario de Seguridad del municipio de Anáhuac, Nuevo León, y dos policías municipales, uno de ellos Miguel Godínez Jiménez.
Es una historia de terror, de corrupción en mandos policiacos, tráfico de influencias e impunidad, que partió desde la oficina de la agente del MP, doña Elvira, quien se prestó a la fabricación de este caso, venganza de un narcotraficante que dio pauta a otras acusaciones de supuesto abuso de marinos contra civiles.
¡Ah!, pero resulta que, quien realmente fue detenido por Sánchez Labrada y su escuadrón en aquel 3 de agosto de 2013, pero liberado media hora después porque se comprobó que no portaba nada ilícito, fue José Alberto Cruz Contreras, está desaparecido después de que policías municipales lo detuvieron y torturaron.
Todo un caso montado por autoridades municipales y avalado por la justicia federal que, pese a la evidencia de que las pruebas presentadas contra Sánchez Labrada y los cuatro marinos bajo su mando, fueron fabricadas.
Con severas contradicciones de los supuestos testigos de aquella detención de José Alberto Cruz Contreras y que se usó para decir que había sido Armando Humberto del Bosque Villarreal, quien fue encontrado muerto en las proximidades de la sede del destacamento de los marinos en la localidad de Colombia, municipio de Anáhuac.
Y precisamente de esa muerte se acusó al Capitán Sánchez Labrada y su escuadra, pese a que las pruebas utilizadas son las mismas que sirvieron para el proceso que se le siguió por el delito de desaparición forzada de persona del que, casualmente, después de haber sido sentenciados a 22 años y seis meses de prisión luego se les dedujo a 9 años 4 meses y 15 días.
¡Qué alguien me explique!, Derbez dixit.
Sabroso e interesante tema ilustrativo de cómo se las gasta el narco y cómo hasta el mayordomo puede estar involucrado, de no ser porque ese papel lo ocupa una agente del MP que por ahí anda.
En estos días que corren del mes de agosto del año 2025, una magistrada habrá de decidir acerca del expediente que tiene en su escritorio y que fundamenta la solicitud de la defensa del Capitán Sánchez Labrada y coacusados, de reconocimiento de inocencia y anulación de sentencia.
Y es que, señoras y señores, los marinos podrían estar en libertad por buena conducta y haber cumplido 9 años en prisión. Pero ello implicaría admitir que son culpables de los delitos que se les imputaron.
Quieren ser libres, absueltos, sin mácula. ¿Qué te parece, Drakko?
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