Categoría: INVITADAS

La versión más creíble indica que el Departamento de Justicia de EU y sus más agudos fiscales sobre asuntos de México tienen el expediente más minucioso -con nombres, lugares y fechas- que describe paso a paso del entramado en el que Andrés Manuel López Obrador fue construyendo desde poco después del 2000 su red ligada al cartel de Sinaloa para llegar a la ansiada Presidencia de la República.

En ello habría sido clave el doctor Rubén Rocha Moya, antes rector de la universidad de Sinaloa y ligado a lo más intenso del movimiento socialista de finales del siglo pasado en el noreste de México.

Escritor, político, Rocha Moya era entonces no sólo contemporáneo de AMLO sino muy parecido ideológica y hasta físicamente.

Ambos fortalecieron su relación en 2006 luego de la derrota del tabasqueño ante Felipe Calderón. En sus encuentros y reflexiones cayeron en cuenta que si lo hubieran previsto, con los vastos recursos económicos y la profunda estructura territorial del Cartel de Sinaloa hubieran superado ampliamente al panista y a las instituciones electorales de entonces.

Ambos consideraron, dicen quienes estuvieron muy cerca de ellos en el entonces PRD, que el uso de los recursos y estructura del Cartel de Sinaloa hubiera estado justificado ante todas las alianzas y chapuzas de que fue objeto AMLO por los conservadores y neoliberales.

En los años siguientes se fue afinando esa intención. Rocha Moya acercó a AMLO a sus amigos de Badiraguato y para 2015, en la creación formal de Morena, ya comenzó a fluir no sólo el dinero sino a considerarse al narco como parte de la estructura electoral.

Todo ello operó exitosamente en el proceso presidencial de 2018, no sólo en a elección presidencial, sino en las estatales, donde AMLO pasó de 16 millones de votos en las elecciones anteriores, a obtener 30 millones de votos para alcanzar rotundamente la tan ansiada Presidencia de la república.

En los procesos siguientes se profundizó esa alianza AMLO-Morena-Narco para obtener, mayorías en Senado y Cámara de Diputados, mayorías en alcaldías y en la intermedia de 2021.

Ahí fue donde Rocha Moya se coló a la gubernatura de Sinaloa con la mayor demostración de la operación del Cartel de Sinaloa donde fueron secuestrados más de 100 candidatos opositores y se les obligó a dimitir, a retirarse, y donde se raptaron a autoridades electorales locales.

Todo ello fue documentado y denunciado desde entonces por muchos organismos, periodistas analistas, y los partidos de oposición. Ni el INE, ni la Fiscalía General de la República encabezada por Alejandro Gertz Manero, ni el Tribunal Electoral, ni la Fiscalía para Delitos Electorales, la FEPADE, encabezada por José Agustín Ortiz Pinchetti, cercanísimo a AMLO hicieron nada.

Y las elecciones desde entonces fueron con Morena y aliados, PT y Verde junto a la operación y dinero del narco. A todo ello Mario Delgado puesto a dedo por AMLO al frente de Morena le sumo luego los enormes recursos de la red del huachicol fiscal.

Eso lo denunció en su momento Porfirio Muñoz Ledo, a su salida de la presidencia de la Cámara de Diputados y como parte del final de su vida.

Desde entonces la oposición PAN PRI documento cada caso.

El PAN fue y denuncio con expedientes todo en la OEA.

Pero fue -afirman mis fuentes amigas- Alejandro Alito Moreno, presidente del PRI y de la COPPPAL quien lo hizo ante el Senado de EU, ante el Departamento de Estado ya con Marco Rubio a la Cabeza, y ante el Departamento de Justicia con expedientes integrados por exsecretarios de Relaciones Exteriores, y los más experimentados ex fiscales, lo que le dio a sus denuncias y presentación de pruebas una base jurídica, política y administrativa realmente importante.

Desde entonces estas instancias y departamentos integraron esos expedientes con sus propias investigaciones de la DEA, el FBI, el área de Inteligencia del Comando Norte y del Comando Sur, y fue entonces que ya se integraron los expedientes que hoy tienen en la Unidad de Seguridad Nacional y Narcóticos Internacionales de la Fiscalía los fiscales federales adjuntos a cargo del caso son Jane Y. Chong, Sarah L. Kushner y David J. Robles; el Departamento de Justicia, el Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, Terrance C. Cole director de la DEA, y la jueza federal Katherine Polk Failla.

Todos ellos no están en una oficinita en Nueva York c0m0 dice la presidenta Claudia Sheinbaum. Integran la columna central del Gobierno de Donald Trump para combatir a los carteles y los políticos mexicanos vinculados a ellos.

Lo interesante de todo esto es que Alejandro Alito Moreno fue quien logró detonar, afirman, esta demanda inicial de EU contra Rubén Rocha Moya y los otros 9 cómplices, que en los hechos son el eje de la vinculación del Cartel de Sinaloa a AMLO, Morena y la red de la narcopolítica que domina en México.

Así, mientras en México la presidenta Claudia Sheinbaum insiste en arroparse en la soberanía que se supone evitará que “ninguna potencia nos venga a decir cómo gobernarnos…”, en Washington el presiente Trump publicó su Estrategia Nacional de Control de Drogas, en la que aseguró que darán prioridad a su guerra contra los carteles y a las extradiciones desde México.

Dos mundos paralelos con perspectivas y visiones muy muy distintas de un mismo problema.

O sea…

TODOS LOS OJOS DE LOS MEDIOS HOY EN LA PERMANENTE

Creo que hoy miércoles el Senado tendrá una de las mayores afluencias de periodistas para confirmar si es cierto o no que el senador Enrique Inzunza Cázarez, del mismísimo Badiraguato, Sinaloa, asiste a la primera sesión de la Comisión Permanente.

El lo anunció desde su pueblo natal. Ya veremos si cumple o no.

Hoy se cumple la primera semana de que el Departamento de Estado de EU que comanda Marco Rubio entregó a la Secretaría de Relaciones de México la exigencia del juzgado del Distrito Sur de Nueva York, para detener urgentemente con fines de extradición por narcotráfico al gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya y 9 colaboradores y exfuncionarios más de morena.

En esta semana cumplida Donald Trump y Marco Rubio han comprobado que el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha aplicado todas las argucias legaloides, las mañas y recursos retóricos superficiales para minimizar y desechar su petición.

Ayer incluso la mandataria mexicana, en aras de justificar su inacción en este caso, llegó a decir que la petición de esas detenciones surgió de una oficina de justicia de Nueva York y de que no había quedado claro por qué era tan urgente aprehender y extraditar a quienes ellos quieren.

Al hacerlo, la presidenta Sheinbaum busca incluso ridiculizar el hecho de que la petición fue del Departamento de Justicia de los EU que fue presentado por el Departamento de Estado a la secretaría de Relaciones Exteriores de México.

No de una pequeña oficina neoyorquina sin importancia.

La retorica de la presidenta mexicana y de sus colaboradores, ha sido plenamente registrada en la Casa Blanca como una abierta intención de negarse a cooperar con el Gobierno del presidente Donald Trump en su lucha contra en narcoterrorismo.

Y con ello cobra fuerza la deliberación interna en Washington de que ya no hay que acudir a los cauces legales de la relación bilateral para enfrentar esta lucha, sino acudir abiertamente a operaciones directas que podría ir desde la sustracción desde México de los acusados por la justicia estadounidense mediante colaboradores o agentes mismos de EU, como fue en el caso de Ismael El Mayo Zambada, o de operaciones policiales o militares como fue el caso de Nicolás Maduro.

Hoy se cumple una semana de retruques y artimañas de la administración mexicana que les comprueba a Trump y Rubio que el gobierno de Claudia Seinbaum y de su 4T, considerados por ellos como un régimen prosocialista y alineado y abiertamente bajo el control del narco, que no es ni confiable ni amistoso.

Así la primera prueba a que sometieron al régimen de la 4T les dio a ellos la pauta para continuar ahora por la vía de operaciones directas para combatir a los carteles narcoterroristas.

Hoy Trump y Marco Rubio tienen ya la justificación ante el mundo para ir a operaciones directas.

Ya no enviarán más peticiones para detener a otros narcogobernadores, narcoalcaldes, narcosenadores, narcodiputados o narcolideres políticos de morena. Simplemente van a venir por ellos.

La lista presumible es larga y comienza por el mismo expresidente Andrés Manuel López Obrador (tan amigo del exgobernador sinaloense Rubén Rocha Moya, quien muchos dicen fue quien pudo haberlo acercado a sus amigos de su natal Badiraguato como Joaquín El Chapo Guzmán o Los Chapitos e Ismael El Mayo Zambada, y podría haberse convertido por ello en el puente para la entrega directa de miles de millones no de pesos sino de dólares para sus campañas que lo llevaron a vivir en Palacio Nacional)…

O sus tres hijos, o sus cercanos como Adán Augusto López, o Mario Delgado quien como líder a dedo de Morena operó miles de millones de pesos de los muchos que generó el huachicol fiscal para impulsar electoralmente a gran partes de los 24 gobernadores y cientos de alcaldes, senadores y diputados de Morena.

Insisto, la lista es larga. Usted sabe quienes la integran.

Cualquiera de ellos podría ser el siguiente objetivo de la justicia de EU y de una operación directa para llevarlos ante los tribunales de NY o de otras ciudades.

Todo eso pasa por Morena con dirigencia recientemente renovada.

LA OPOSICION EN SENADO EXIGE RESPUESTAS

Mario Vázquez, senador panista de Chihuahua, considera que ignorar el reclamo de EU de aprehender y extraditar al narcogobernador de Sinaloa y otros 9 complices sienta un grave precedente en la relación bilateral con EU.

“Lo que ocurre en Sinaloa no puede minimizarse ni esconderse; hablamos de señalamientos gravísimos de narcopolítica. Cuando el crimen organizado se mete en la política, la democracia deja de ser democracia y pasa a ser ´narcocracia´”.

Por ello la oposición en el Senado exige: que la presidenta Sheinbaum y la Fiscalia General de la República cumplan con la petición de EU y evitar que las instituciones mexicanas se conviertan en mecanismos de protección.

Que se informe al Congreso de las investigaciones y el cumplimiento de acuerdos de cooperación internacional.

Que se informe por igual al INE sobre posibles violaciones graves a los principios democráticos, financiamiento ilícito y vínculos con el crimen organizado.

Que el INE inicie la cancelación del registro de Morena, ante las evidencias de violaciones graves y sistemáticas a la ley y la presunta vinculación de sus dirigentes en Sinaloa con organizaciones criminales.

Que ahora falta que el senador Enrique Inzunza se separe del Senado y se garantice una investigación transparente de lo que se le acusa, ya sin fuero constitucional.

“El silencio del gobierno federal no es prudencia, es complicidad”, indicó el senador Vázquez.

Por: Arturo Nahle García

El gas natural es una fuente de energía utilizada en México principalmente para
generar el 60% de la electricidad, es fundamental en las centrales de ciclo
combinado de la CFE; las industrias lo emplean en hornos y calderas para
producir vidrio, cemento, ladrillos, alimentos y metales; es una materia prima clave
en la industria petroquímica para fabricar plásticos, fertilizantes y productos
químicos.

El gas natural comprimido o licuado también se usa en el transporte en vehículos
ligeros, pesados y barcos, es más eficiente y menos contaminante que la gasolina,
el diésel o el carbón; y en los hogares se puede utilizar en la cocina, el boiler o la
secadora de ropa.

Además de su alta eficiencia y menor impacto ambiental, el gas natural es más
económico que otros combustibles.

México consume aproximadamente 9,000 millones de pies cúbicos de gas natural
diarios, pero Pemex solo produce 2,500, eso nos obliga a importar de Estados
Unidos, concretamente de Texas, el 75% o más del gas natural que necesitamos.

Ahora bien ¿por qué Pemex no extrae el mundo de gas natural que tenemos?
¿por qué se ha enfocado más a extraer petróleo en lugar de gas? La respuesta
todos la conocemos, porque Pemex no tiene dinero para hacerlo, ni tecnología, ni
capacidad operativa, ni infraestructura de almacenamiento y, por si fuera poco, por
las restricciones ambientales que López Obrador le impuso al fracking.

El fracking es una técnica de extracción de hidrocarburos atrapados en rocas poco
permeables a gran profundidad; consiste en inyectar agua a alta presión mezclada
con arena y aditivos químicos para fracturar la roca y liberar el combustible.

Los ambientalistas argumentan que el fracking, aparte del alto consumo de agua,
contamina los acuíferos subterráneos, que las emisiones de metano contaminan el
aire y además genera riesgos de sismicidad.

Hace veinte años me convencí de la conveniencia de extraer nuestro gas natural a
través del fracking y con el apoyo de empresas privadas, nacionales o extranjeras;
era yo Diputado Federal y el entonces Secretario de Energía, Felipe Calderón
Hinojosa, me invitó a conocer la Cuenca de Burgos, una franja pegada a la
frontera que abarca los estados de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila.

Y es que yo denuncié en la tribuna que una empresa española estaba sacando
gas natural en esa franja y eso era inconstitucional, por eso me invitó Calderón.

Durante el recorrido, un jovencito, que resultó ser Juan Camilo Mouriño, me
mostró un mapa de Estados Unidos y México, del lado gringo el mapa tenía
cientos de puntos rojos pegados a nuestra frontera, del lado mexicano solo unos
cuantos puntitos. Me explicó que cada punto era un pozo de gas natural, que los
texanos estaban sacando gas natural del subsuelo mexicano a través de éste
método conocido como “efecto popote”.

Han pasado dos décadas de mi viaje a la Cuenca de Burgos con Calderón y
Mouriño y el “efecto popote” continúa, seguimos permitiendo que los texanos
saquen nuestro gas natural para luego vendérnoslo; y lo hacen utilizando la
técnica del fracking mientras nosotros lo seguimos satanizando por ignorancia, ya
hay muchas formas de mitigar los riesgos, por ejemplo utilizando agua tratada.

La presidenta Sheinbaum es Física por la UNAM, en las Universidades de
Stanford y Berkeley escribió numerosos artículos científicos sobre el uso de
energía, tiene maestría y doctorado en Ingeniería Energética y como investigadora
centró su trabajo en la vinculación entre energía y cambio climático.

Justamente por eso, porque a diferencia del Peje sí sabe de lo que se trata, la
presidenta ya abrió el debate sobre el fracking, le preocupa la soberanía
energética, quiere reducir la tremenda dependencia que tenemos, no hay que
olvidar los apagones que tuvimos en amplias zonas del país cuando por las
nevadas Estados Unidos dejó de mandarnos gas.

Si Pemex no puede hacerlo, hay que permitir que lo haga la iniciativa privada, va a
generar inversión, empleos e impuestos, no veo el problema. Y si para ello hay
que reformar la Constitución tampoco le veo problema, con su
sobrerrepresentación Morena lo pueden hacer en cinco minutos, como
acostumbran, con la diferencia de que la oposición muy probablemente estaría de
acuerdo.

El dilema es muy sencillo, o le entramos al fracking o seguirá el “efecto popote” !

Con la Casa Blanca a punto de lanzar sus sabuesos y mastines contra funcionarios y cuadros sobresalientes de la 4T señalados por corrupción vinculada a carteles, la presidenta Claudia Sheinbaum persiste en sancionar a quienes les abrieron la puerta a los agentes de la CIA que participaron en el operativo para localizar y eliminar un mega-narcolaboratorio en la sierra Tarahumara.

Así, mientras el presidente Donald Trump se dolió de que la mandataria mexicana no haya reconocido la labor de los agentes norteamericanos, ni sentido empatía con los 2 que murieron en un accidente carretero, la mandataria advirtió ayer que no basta con la renuncia del fiscal de Chihuahua César Jáuregui para cerrar la investigación sobre quien dejó operar a los agentes de la CIA involucrados en operativos en ese estado.

La advertencia de la presidenta Sheinbaum va por insistir en fincar responsabilidades de ese hecho a la gobernadora panista Maru Campos.

Pero en el fondo es indudable que lo que pretende la mandataria es cuestionar la operación de agentes de EU en acciones antinarco en territorio mexicano. Es decir, condenar lo que le exige una y otra vez el presidente Trump de abrir las puertas a la participación de militares y agentes de EU en operativos en México.

La insistencia de Sheinbaum en fincar responsabilidades a la gobernadora panista se da pese a que Campos dijo al secretario de Seguridad Omar García Harfuch que ella no sabía que los agentes de la CIA estaban operando en Chihuahua.

Lo que indican tanto la gobernadora Maru Campos como su exfiscal César Jáuregui, es que el director general de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua, Pedro Oseguera Cervantes -quien falleció junto un colaborador y dos agentes de la CIA al desbarrancarse su camioneta en la sierra Tarahumara- fue quien dejó participar en el operativo antinarco a los estadounidenses.

Para la presidenta nada de eso cierra el caso y ella exige continuar con la investigación.

“Ayer viene una renuncia (del fiscal estatal) y pues se tiene que seguir investigando. Tiene que seguir la investigación, no para con una renuncia, tiene que seguirse investigando”, dice machacona la mandataria.

Y adelanta que esa investigación ya la trae abierta la fiscal general de la República Ernestina Godoy.

“Entonces, no es que haya renunciado ya a un servidor público y ahí se termina todo. El pueblo de México tiene derecho a saber la verdad. Entonces, que se hagan todas las investigaciones”, agregó ayer en su mañanera.

¿VA SENADO POR JUICIO POLÍTICO DE LA GOBERNADORA?

En la misma línea de la presidenta Sheinbaum, el líder de la mayoría de Morena en el Senado, el poblano Ignacio Mier cuestiona que la gobernadora haya cancelado asistir a una comparecencia ante ese recinto legislativo y advierte que todo apunta abrir un caso de responsabilidades políticas en contra de la gobernadora panista.

Al igual que la presidenta Sheinbaum, para el líder senatorial Ignacio Mier lo que importa es que se investigue quien es el responsable de que se haya violado la soberanía con la participación de agentes extranjeros en un operativo antinarco.

El presidente de la Junta de Coordinación Política adelantó que, a propuesta de sus compañeros de la bancada de Morna, se considera crear una comisión especial de investigación del Senado conjunta a la Fiscalía General de la República para definir si el gobierno de la panista María Eugenia Campos permitió o no participar a dos agentes de la CIA en un operativo contra el narcotráfico en esa entidad.

Para el senador senador Mier la gobernadora ha ido de “tontería en tontería”.

Agregó:

“Yo no sé quién está asesorando al gobierno del estado, pero no es una actitud sensata, apegada a la ley y a la prudencia política.”

Molesto por la cancelación inesperada de la gobernadora en un encuentro con Senadores, Mier indicó que él sólo se ha enterado de las diversas declaraciones de la gobernadora en el caso de los agentes de la CIA por informaciones de medios.

En este contexto se conoció que el secretario de la Defensa, el general Ricardo Trevilla, dijo que quienes integraron el grupo del Ejército que participó en el operativo contra el desmantelamiento del megalaboratorio en la sierra Tarahumara no percibieron ni se enteraron de la presencia de agentes extranjeros, y solo vieron que los agentes de la CIA estuvieron siempre como parte del equipo de la Agencia Estatal de Investigaciones.

 TRAS LA PUERTA DEL PODER/ ROBERTO VIZCAÍNO/////////////////////////////////////////////////

 

Así parece.

Y mientras el embajador de EU en México Ronald Johnson exige un combate real contra la corrupción y fin a extorsiones y la inseguridad en México como garantía primaria y esencial para el flujo de las inversiones, y Los Angeles Times adelanta que la Administración del Presidente Donald Trump está a punto de aplicar una amplia campaña anticorrupción contra funcionarios mexicanos sospechosos de tener vínculos con el crimen organizado, la presidenta Claudia Sheinbaum pide pruebas a EU sobre la corrupción que denuncian.

En su mañanera acusó al gobierno de EU de fabricar culpables y como ejemplo recordó el caso de la aprehensión del exsecretario de la Defensa de México, el general Salvador Cienfuegos que luego fue enviado a México donde la Fiscalía General le abrió proceso judicial que no encontró delito alguno y que derivó en su liberación.

Por ello dijo no le da veracidad a la nota de Los Angeles Times respecto de que el Gobierno de Trump prepara una embestida contra funcionarios mexicanos vinculados al crimen organizado.

Sheinbaum indicó que cualquier investigación realizada por Estados Unidos contra mexicanos “debe ir acompañada de evidencias”.

Ayer igual el periódico Los Angeles Times destacó una información que indica que el presidente Donald Trump estaría a punto de echar a andar una amplia campaña anticorrupción contra funcionarios mexicanos sospechosos de tener vínculos con el crimen organizado.

“Entonces, cualquier investigación en Estados Unidos contra cualquier persona en México tiene que tener pruebas revisadas por la Fiscalía General de la República… evidencias…

“Nosotros no vamos a encubrir a nadie que tenga alguna evidencia de algún delito… pero tiene que haber evidencias, porque si no, son otros temas los que estarían en esos casos”, indicó.

Y por si fuese cierto que desde Washington se preparaa una campaña anticorrupción contra funcionarios mexicanos, dijo:

“… la lucha contra la corrupción aquí le corresponde al gobierno de México, a la Fiscalía General de la República y a las fiscalías estatales.

“Igual que le corresponden a Estados Unidos por actos de corrupción de funcionarios de Estados Unidos en Estados Unidos, porque no es un asunto sólo de México, el tener gobiernos honestos, el que no haya corrupción en los gobiernos, pues es algo que le corresponde a cada Estado…

“Ahora, si hay una investigación de alguna fiscalía a algún servidor público en México, lo que tiene que haber es pruebas claras y evidencias claras….

“Recuerden el caso Cienfuegos: Detienen al general Cienfuegos en Estados Unidos por la DEA y después el presidente López Obrador le pide al presidente Trump en su primer periodo, y al fiscal de Estados Unidos, que puedan entregar toda la información de si es responsable o no de algún delito el general Cienfuegos…

“Envían la información, y lo que se ve es que no hay ninguna prueba, ninguna evidencia de algún acto irregular ilegal que haya cometido el general Cienfuegos. Tan es así que devuelven al general Cienfuegos a México, y la Fiscalía General de la República entonces investiga y encuentra que no hay delito que perseguir”, relató.

E insistió en que, dentro de cualquier acción contra mexicanos por corrupción, deberá haber evidencias.

LA NUEVA INFORMACIÓN DE LOS ANGELES TIMES

Lo que ayer publicó el influyente diario californiano es parte de una serie de informaciones que se han dado en otros medios estadounidenses, como el Portal ProPública, muy cercano al Departamento de Estado encabezado por Marco Rubio, que han venido diciendo que en La Casa Blanca tienen ya una lista de altos funcionarios de la 4T, incluso del Gabinete de Claudia Sheinbaum, que podrían ser incluso aprehendidos y enjuiciados en tribunales norteamericanos por sus obvios y probados vínculos con carteles y crimen organizado, o por ser parte esquemas de corrupción como la red de huachicol fiscal.

El diario destacó las declaraciones del Embajador Ronald Johnson del pasado 23 de abril en Los Mochis, Sinaloa, donde subrayó que para garantizar el flujo de inversiones se debe poner fin en México a la corrupción y la extorsión.

«El mensaje es claro: donde la integridad es fuerte, la inversión crece; donde no la hay, se pierden las oportunidades. Por eso, el tratado exige a nuestros gobiernos tipificar el soborno y la corrupción como delitos y aplicar códigos de conducta para los funcionarios públicos. Es posible que pronto veamos avances importantes en este ámbito. Así que estén atentos», dijo Johnson ese día en Los Mochis, Sinaloa.

Para Los Angeles Times, eso fue una advertencia clara al Gobierno de Claudia Sheinbaum.

Fue al colocar la primera piedra de una planta de Mexinol -cuya inversión será de 3 mil 300 millones de dólares-, la más grande del mundo.

MAS VISAS CANCELADAS

Los Angeles Times recordó que el Departamento de Estado ya ha revocado visas a funcionarios como la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Avila, y al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y a una decena de alcaldes y legisladores.

Twitter: @_Vizcaino / Facebook

Roberto Vizcaíno – TRAS LA PUERTA DEL PODER: ¿Escala encontronazo Sheinbaum-Trump?

 

Así parece.

Y mientras el embajador de EU en México Ronald Johnson exige un combate real contra la corrupción y fin a extorsiones y la inseguridad en México como garantía primaria y esencial para el flujo de las inversiones, y Los Angeles Times adelanta que la Administración del Presidente Donald Trump está a punto de aplicar una amplia campaña anticorrupción contra funcionarios mexicanos sospechosos de tener vínculos con el crimen organizado, la presidenta Claudia Sheinbaum pide pruebas a EU sobre la corrupción que denuncian.

En su mañanera acusó al gobierno de EU de fabricar culpables y como ejemplo recordó el caso de la aprehensión del exsecretario de la Defensa de México, el general Salvador Cienfuegos que luego fue enviado a México donde la Fiscalía General le abrió proceso judicial que no encontró delito alguno y que derivó en su liberación.

Por ello dijo no le da veracidad a la nota de Los Angeles Times respecto de que el Gobierno de Trump prepara una embestida contra funcionarios mexicanos vinculados al crimen organizado.

Sheinbaum indicó que cualquier investigación realizada por Estados Unidos contra mexicanos “debe ir acompañada de evidencias”.

Ayer igual el periódico Los Angeles Times destacó una información que indica que el presidente Donald Trump estaría a punto de echar a andar una amplia campaña anticorrupción contra funcionarios mexicanos sospechosos de tener vínculos con el crimen organizado.

“Entonces, cualquier investigación en Estados Unidos contra cualquier persona en México tiene que tener pruebas revisadas por la Fiscalía General de la República… evidencias…

“Nosotros no vamos a encubrir a nadie que tenga alguna evidencia de algún delito… pero tiene que haber evidencias, porque si no, son otros temas los que estarían en esos casos”, indicó.

Y por si fuese cierto que desde Washington se preparaa una campaña anticorrupción contra funcionarios mexicanos, dijo:

“… la lucha contra la corrupción aquí le corresponde al gobierno de México, a la Fiscalía General de la República y a las fiscalías estatales.

“Igual que le corresponden a Estados Unidos por actos de corrupción de funcionarios de Estados Unidos en Estados Unidos, porque no es un asunto sólo de México, el tener gobiernos honestos, el que no haya corrupción en los gobiernos, pues es algo que le corresponde a cada Estado…

“Ahora, si hay una investigación de alguna fiscalía a algún servidor público en México, lo que tiene que haber es pruebas claras y evidencias claras….

“Recuerden el caso Cienfuegos: Detienen al general Cienfuegos en Estados Unidos por la DEA y después el presidente López Obrador le pide al presidente Trump en su primer periodo, y al fiscal de Estados Unidos, que puedan entregar toda la información de si es responsable o no de algún delito el general Cienfuegos…

“Envían la información, y lo que se ve es que no hay ninguna prueba, ninguna evidencia de algún acto irregular ilegal que haya cometido el general Cienfuegos. Tan es así que devuelven al general Cienfuegos a México, y la Fiscalía General de la República entonces investiga y encuentra que no hay delito que perseguir”, relató.

E insistió en que, dentro de cualquier acción contra mexicanos por corrupción, deberá haber evidencias.

LA NUEVA INFORMACIÓN DE LOS ANGELES TIMES

Lo que ayer publicó el influyente diario californiano es parte de una serie de informaciones que se han dado en otros medios estadounidenses, como el Portal ProPública, muy cercano al Departamento de Estado encabezado por Marco Rubio, que han venido diciendo que en La Casa Blanca tienen ya una lista de altos funcionarios de la 4T, incluso del Gabinete de Claudia Sheinbaum, que podrían ser incluso aprehendidos y enjuiciados en tribunales norteamericanos por sus obvios y probados vínculos con carteles y crimen organizado, o por ser parte esquemas de corrupción como la red de huachicol fiscal.

El diario destacó las declaraciones del Embajador Ronald Johnson del pasado 23 de abril en Los Mochis, Sinaloa, donde subrayó que para garantizar el flujo de inversiones se debe poner fin en México a la corrupción y la extorsión.

«El mensaje es claro: donde la integridad es fuerte, la inversión crece; donde no la hay, se pierden las oportunidades. Por eso, el tratado exige a nuestros gobiernos tipificar el soborno y la corrupción como delitos y aplicar códigos de conducta para los funcionarios públicos. Es posible que pronto veamos avances importantes en este ámbito. Así que estén atentos», dijo Johnson ese día en Los Mochis, Sinaloa.

Para Los Angeles Times, eso fue una advertencia clara al Gobierno de Claudia Sheinbaum.

Fue al colocar la primera piedra de una planta de Mexinol -cuya inversión será de 3 mil 300 millones de dólares-, la más grande del mundo.

MAS VISAS CANCELADAS

Los Angeles Times recordó que el Departamento de Estado ya ha revocado visas a funcionarios como la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Avila, y al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y a una decena de alcaldes y legisladores.

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