No han sido días fáciles para el Instituto Nacional de Migración en Puebla, pues son ya varios los medios de comunicación, organizaciones civiles y sociedad en general quienes han mostrado su enojo, ante las acusaciones de violaciones a los derechos humanos de los migrantes que llegan hasta las puertas de este recinto.
En días recientes cobró relevancia la denuncia ciudadana de la precaria situación en la que se encuentran los migrantes, pues ante la falta de espacios estos se encuentran en hacinamiento en lugares improvisados, con poca ventilación y aglomeraciones situación que ha generado que existan casos de COVID-19, los cuales aseguran no han llevado el protocolo sanitario recomendado por la Secretaría de Salud.
Por su parte catedráticos e investigadores han asegurado que es necesario y urgente un cambio estructural del INM, pues ante las constantes denuncias de violación a los derechos humanos, abusos y retención forzada a menos que los migrantes paguen veinte mil pesos para su liberación y poca transparencia en los procesos migratorios, es evidente que la corrupción se ha adueñado del lugar.
También aseguraron que el esquema mexicano se encuentra rebasado en infraestructura tanto en recursos económicos y humanos, por lo que es necesario reestructurar los modelos operativos para garantizar el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes.
De acuerdo con el “Informe sobre Desaparición de Personas Migrantes en México”, realizado por el Servicio Jesuita a Migrantes México (SJM-México), se apunta a que dentro del INM no solo de Puebla sino también de Tlaxcala, los migrantes detenidos son incomunicados, esto a pesar de que están obligados a garantizar este derecho, el cual está estipulado por la Convención Internacional para la protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y por la propia Ley de Migración.
Muchos de estos migrantes vienen huyendo no solo de la pobreza y la falta de oportunidades en sus países de origen, si no también temiendo por su vida por las amenazas y extorsiones de grupos delictivos.
