Muchos gobernadores han sido destituidos por diversas razones: Lázaro Cárdenas hizo una limpia de ocho gobernadores “callistas”; Miguel Alemán depuso al tamaulipeco Hugo Pedro González; Ruiz Cortines removió a Tomás Marentes
Miranda de Yucatán, a Alejandro Gómez Maganda de Guerrero, y a Manuel Barttlet “padre” de Tabasco.
López Mateos depuso al guerrerense Raúl Caballero Aburto y Díaz Ordaz al duranguense Enrique Dupré Ceniceros; Luis Echeverría quitó a Eduardo Elizondo Lozano de Nuevo León, a Israel Noguera Otero de Guerrero, Carlos Armando Biebrich de Sonora y Otoniel Miranda de Hidalgo; López Portillo se deshizo de Óscar Flores Tapia en Coahuila. Salinas de Gortari depuso a Luis Martínez Villicaña de Michoacán, a Xicoténcatl Leyva de Baja California y Mario Ramón Beteta del EDOMEX; Fausto Zapata
Loredo solo duró quince días como gobernador de San Luis Potosí, pero Ramón Aguirre ni siquiera pudo tomar posesión como gobernador de Guanajuato por la presión de la oposición; finalmente Cosío Vidaurri fue depuesto en Jalisco por las
explosiones de Guadalajara.
En solo cuatro años Zedillo depuso a tres gobernadores de Chiapas, Elmar Setzer, Eduardo Robledo y Julio César Ruiz; en 1996 depuso a Rubén Figueroa de Guerrero por la tragedia de Aguas Blancas y a Sócrates Rizo de Nuevo León por corrupción; y para rematar a Jorge Carrillo Olea por la violencia en Morelos. Ya con Fox, Mario Villanueva Madrid, ex gobernador de Quintana Roo, fue detenido en el 2001 por facilitar el transporte de drogas de Colombia a Estado Unidos a través de su Estado, fue condenado a 36 años de cárcel y extraditado, la Corte de Manhattan le redujo la pena a 20 años y en el 2016 lo repatriaron a
México, está en prisión domiciliaria por cuestiones de salud.
Peña Nieto hizo lo propio, en el 2014 detuvo a Jesús Reyna García, quien fuera gobernador interino de Michoacán, acusado de proteger a los Caballeros Templarios, permaneció 4 años y 8 meses en prisión hasta que la PGR se desistió por no poder acreditar su culpabilidad.
Ese mismo año Ángel Aguirre se cayó en Guerrero por el caso Ayotzinapa. En el 2015 Luis Armando Reinoso Femat, ex gobernador de Aguascalientes, fue detenido por la compra simulada de un tomógrafo, lo pagó y se libró de la cárcel,
lo detuvieron de nueva cuenta por defraudación fiscal, está libe pero debe ir a firmar cada 15 días.
En el 2016 Guillermo Padres Elías, ex gobernador de Sonora, fue encarcelado por lavado de dinero, defraudación fiscal, delincuencia organizada y otros delitos, dos años después salió libre pagando una fianza de 140 millones, trae brazalete
electrónico pero la Corte recientemente resolvió que debe pagar otros 200 millones por la evasión fiscal; como olvidar la presa que construyó en su rancho sin permiso de la Conagua afectando al Valle del Yaqui.
En el 2017 Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz, fue capturado en Guatemala y sentenciado a 9 años por desviar más de 1,600 millones del erario a empresas fantasmas, ya cumplió su condena pero la 4T lo conserva en la cárcel
por otro supuesto peculado de 5 millones. Ese mismo año Roberto Borge, ex gobernador de Quintana Roo, fue detenido en
Panamá y extraditado acusado de vender a familiares y amigos en 238 millones terrenos del estado que valían 1,138 millones; y por gastar más de mil millones en renta de aviones y helicópteros.
También en el 2017 Rodrigo Medina, ex Gobernador de Nuevo León, fue detenido por dar 3,600 millones a la armadora Kia para instalarse en su Estado, solo estuvo unas horas en la cárcel, lo volvieron a acusar de otras cosas pero ninguna le pudieron probar. Y para cerrar ese año, el ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, fue detenido en Italia, extraditado a Estados Unidos y sentenciado por lavado de dinero, al salir de la cárcel lo deportaron a México y acá fue detenido por delitos
contra la salud y delincuencia organizada. Ya con López Obrador, Cesar Duarte, ex gobernador de Chihuahua, fue detenido
en el 2020 en Miami y extraditado a México acusado de peculado por desviar más de 96 millones del estado a empresas en las que él era accionista, en el 2024 salió libre con brazalete pero en el 2025 lo volvieron a encarcelar por operaciones con
recursos de procedencia ilícita.
En el 2021 Mario Marín, ex gobernador de Puebla, fue encarcelado por ordenar la detención y tortura de la periodista Lydia Cacho quien destapó una red de explotación sexual encabezada por el empresario Kamel Nacif, amigo del denominado “Gober Precioso”. Ese mismo año Roberto Sandoval, ex gobernador de Nayarit, fue encarcelado por falsificar firmas para apropiarse de 58 hectáreas ejidales, tiene otros procesos en trámite por lavado de dinero; Estados Unidos le congeló a él y a su familia sus cuentas por recibir sobornos del Cártel de Jalisco y los Beltrán Leyva. En el 2022 el actual gobernador de Nuevo León acusó a su antecesor Jaime Rodríguez “El Bronco” por las famosas “broncofirmas”; luego por requisarle indebidamente a una empresa un sistema de transporte llamado “Ecovía”, de los dos casos fue exonerado.
Pues falta usted presidenta Sheinbaum, ¿hasta cuándo va a seguir protegiendo a Adán Augusto López, Américo Villarreal y Rubén Rocha Moya, entre otros?