via: La Red Social
La compra de vacunas Pfizer, CanSino y AstraZeneca tendrá un costo superior a los 24 mil millones de pesos, de acuerdo con los contratos, en poder de Latinus, que firmó la Secretaría de Salud.
Con la compra de las 64 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V y de 51.5 millones de vacunas al mecanismo Covax de las Naciones Unidas, ambas con un precio de 10 dólares por dosis, los costos se disparan a los 47 mil millones de pesos.
La estructura de los llamados “Servidores de la Nación”, también conocidos como “Siervos”, será el mecanismo mediante el cual se coordinará el reparto e inoculación de vacunas en toda la población, a la par de la entrega de otros programas sociales.
Sin embargo, dicha estructura ya presenta graves problemas de transparencia, luego de que la Auditoría Superior de la Federación les ordenó aclarar el destino de más de 3 mil millones de pesos ejercidos en 2019.
Dichos recursos se extraviaron en una maraña de inconsistencias, omisiones e irregularidades en la contratación de este personal y en el pago de sus salarios, según revela un reportaje publicado por la revista Proceso.
La auditoría revela graves distorsiones, que implican incluso un mal manejo de los recursos que se administran para entregar apoyos sociales a través del Banco del Bienestar y de las tarjetas habilitadas para ello.
Según la ASF, hay evidencias del desastre técnico y financiero en el desarrollo de sistemas para integrar el Padrón Único de Bienestar (PUB), un instrumento que explícitamente la ley mandata para dar certeza al destino de los recursos.
El manejo del PUB fue asignado a Infotec, empresa paraestatal que ya quebró sin cumplir con el diseño y la operación de la base de datos.
“Aún peor, Infotec tuvo a su cargo la habilitación del “core bancario” (el cerebro de un banco), así como una aplicación para la operación de las Tarjetas del Bienestar. Pero ni uno ni otro: Banco del Bienestar y tarjetas no están funcionado”, advierte la revista Proceso.
El PUB se supone que está basado en el Censo del Bienestar, una tarea asignada a los Servidores de la Nación que levantaron listas desde el periodo de transición, sin marco legal para hacerlo, cuya evaluación está por emitirse.
Es sobre esta estructura, que el gobierno de la 4T pretende hacer descansar la logística para la distribución de vacunas, junto con los apoyos sociales a personas de la tercera edad y jóvenes emprendedores.
Esto, en medio también de inconsistencias sobre el monto real que se erogará para la adquisición de vacunas, ya que la información fue reservada durante 5 años por el gobierno federal.
Sin embargo, la investigación de Latinus, a través de las farmacéuticas, revela que hay una disparidad real. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, afirmó en octubre del año pasado que México destinaría 35 mil millones de pesos para la compra de vacunas.
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el dinero proviene de ahorros del presupuesto de 2019 y de la desaparición de 109 fondos y fideicomisos. Sin embargo, el costo se disparó a 45 mil millones de pesos.
Además, la entrega de dosis está sujeta a retrasos debido a la demanda global de la vacuna contra la Covid-19.
La Secretaría de Salud de México aceptó que los esfuerzos de los proveedores para fabricar la vacuna son de naturaleza especulativa por lo que “están sujetos a riesgos e incertidumbres significativos”.