Nos han contado una mentira repetida mil veces. La erradicación del dispendio es irreal dentro del gobierno federal que, con discrecionalidad, erradica mecanismos de control para repartir dinero en “programas de asistencia”, comprando lealtades hacia Morena durante las campañas de sus candidatos en el actual proceso electoral.
En 2020 se registró el nivel más elevado de adjudicaciones directas para las adquisiciones en el sector público, algo así como 205,000 millones de pesos sobre los que hubo absoluta discrecionalidad para contratar al proveedor de productos y servicios con preferencias sin justificación documentada.
Según el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), en cerca de 350,000 contratos de compra, el 43.3% se realizó por adjudicación directa, sin controles de transparencia sobre la forma de gastar recursos públicos. Una deducción elemental es que estas prácticas están lejos de erradicar la corrupción, por el contrario la fomentan.
Sabemos que lo que no se mide tampoco se puede evaluar, y mucho menos mejorar. La opacidad invade a la administración pública federal, por eso el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) es otro órgano autónomo en la lista de Andrés Manuel López Obrador para comenzar su estrangulamiento por la reducción de presupuesto, como ocurrirá también con el Instituto Nacional Electoral (INE) o la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).
La austeridad mal aplicada es selectiva y desproporcionada, es absurdo declarar recortes generalizados a mansalva sin evaluar los impactos que tendrán en áreas sensibles. El año pasado se decidió no ejercer el 75% del presupuesto de las partidas de servicios generales, materiales y suministros.
Algo así como 166,000 millones de pesos. ¿Bajo qué criterios se determinó la selección de prioridades y las afectaciones? Para decirlo en términos coloquiales, agarraron parejo sin mayor detenimiento analítico. Y según datos oficiales del propio gobierno, el gasto en esos mismos rubros resultó ser superior en casi 6,000 millones de pesos a lo aprobado por el Congreso antes de la pandemia.
En realidad no se ha reducido el gasto del gobierno, solo se ha reasignado.
En la construcción de la Refinería Dos Bocas, el Aeropuerto Felipe Ángeles, el Tren Maya, uno que otro estadio de béisbol y los programas sociales sin reglas de operación que reparten dinero a través de la Secretaría del Bienestar no ha llegado la austeridad, porque hay poderosas razones políticas y gustos personales que López Obrador ha decidido anteponer sobre otras necesidades apremiantes en plena crisis económica y sanitaria.
Hay decenas de ejemplos dramáticos que prueban la ejecución del austericidio de la 4T y que en los discursos se adornan bajo el falso concepto de la austeridad republicana, que en realidad es demagogia químicamente pura.
En el momento menos oportuno se eliminó el Seguro Popular para reemplazarlo con el ineficaz Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi). Las consecuencias fueron criminales porque con la transición se debilitó al sistema de salud a nivel nacional, se quedaron en el desamparo miles de enfermos, entre ellos niños y mujeres con cáncer que pudieron salvar la vida con medicamentos y tratamientos oportunos que nunca llegaron.
El adelgazamiento de la burocracia en la administración pública federal fue selectiva y privilegió lealtades ideológicas sobre capacidades profesionales. Miles se fueron a la calle despedidos injustificadamente.
Dos emblemas del austericidio son los torpes recortes al gasto en el Metro de la Ciudad de México, con el afán de Claudia Sheinbaum por complacer al presidente, el impacto en mantenimiento preventivo en áreas críticas es ineludiblemente factor determinante para lamentables percances e incendios que pudieron evitarse y arrebataron vidas.
La reducción del gasto en la Comisión Nacional Forestal (Conafor) que atiende incendios de esa naturaleza, que se incrementaron al doble en lo que va de 2021, deja en estado de indefensión a un noble organismo que trabaja para cuidar los bosques que le quedan al país. En 2018 esa institución tuvo un presupuesto de 4,441 millones de pesos y en 2021 ejerce 2,762 millones con los resultados catastróficos que ya conocemos.
También en 2021 las entidades federativas sufrieron recortes históricos por más de 30,000 millones de pesos en las participaciones federales, que son esenciales para solventar necesidades básicas en educación, salud y seguridad en los estados.
El Presupuesto de Egresos de la Federación, es decir, el total de gastos de la administración de López Obrador para este año es de 6 billones 295 mil millones de pesos, más del 25% del PIB. En total 0.3% menos en términos reales que lo gastado en 2020, lo que demuestra que la Ley Federal de Austeridad Republicana no propició ahorros, simplemente se reasignaron recursos públicos para utilizar el dinero de los mexicanos como más conviene a Morena, en año de elecciones intermedias.
Las coincidencias no existen y el saldo es terrible, en detrimento de la calidad de vida de los mexicanos afectando irónicamente a los que menos tienen, un repertorio de malas decisiones en el peor momento que pudimos haber imaginado.
Y para reafirmar la bofetada de la simulación, José Ramón López Beltrán, uno de los hijos de López Obrador, se fotografió durante sus vacaciones en las bellas montañas de Aspen, Colorado, uno de los sitios más neoliberales para vacacionar. A pesar de ser un acto personal, la incongruencia hizo pedazos el discurso de austeridad de su padre.
EDICTOS
Una de las direcciones generales de la que mucho se esperaba en la presidencia del ministro Arturo Zaldívar era el Canal Judicial. Con un grupo de personajes nocivos dentro de su estructura dedicado a fabricar denuncias para generar zozobra y chantajear funcionarios, la televisora pública perdió impulso para apuntalar la comunicación dentro de la Corte.
Su actual directora, Yahalí David Bueno, llegó al equipo de Zaldívar como recomendación del ex procurador general de la República, Raúl Cervantes Andrade, quien la habilitó como vocera en esa institución durante su encargo sin resultados destacables. David Bueno fue nombrada coordinadora general de Comunicación Social dentro del alto tribunal, con grandes expectativas, sin embargo el área fue efímera.
Zaldívar ajustó la coordinación y la desapareció, David Bueno fue degradada a directora general del canal de televisión, lamentablemente secuestrado por la burocracia más nociva dentro de la Corte.
La capacidad de producción original del medio mermó, su programación se rellena con programas de poca calidad e interés, sus noticieros carecen de didáctica sin ser referencia para comunicar las acciones de la impartición de justicia y además vive confrontaciones internas que no le permiten explotar su potencial como herramienta de transparencia.
Justicia TV no es original, incluso importó su nombre de estaciones sudamericanas. La transformación de la nomenclatura y logotipo fueron solo maquillaje para una estructura que desafortunadamente es prescindible en tiempos de aguda austeridad. Entre otras incongruencias, actualmente cuenta con un subdirector general de Información que no es capaz de sacudir las inercias.
Daniel Lee Vargas, ex reportero y ex funcionario de la SEP, promovido frenéticamente durante muchos años por un desaparecido periodista de La Jornada, es un miembro más de la burocracia dorada con un sueldo neto mensual de 80,000 pesos. Dentro de su equipo de trabajo tiene al menos a cuatro personajes que se han encargado de denostar funcionarios, filtrar información y encabezar un grupo que difama a placer a quienes amenazan su zona de confort.
Nombres como los de Mario López Peña, Citlali Pérez Flores, Juan Carlos González y Martha Rodríguez Carrillo tienen implicaciones directas en el lastre que carga el Canal Judicial en detrimento de la comunicación del tribunal constitucional, que requiere nuevos impulsos.
El ministro Zaldívar todavía está a tiempo para limpiar un canal de televisión en crisis y subutilizado, con enorme potencial e instalaciones de primer mundo en el que se han invertido varios millones de dólares en los últimos nueve años, con la intención original de divulgar la cultura jurídica y las acciones de una institución que necesita posicionarse mejor entre los ciudadanos.