Por: Arturo Nahle García
Hace casi 2,500 años los filósofos griegos Platón y Aristóteles, al discernir sobre el
estado o gobierno ideal, ya hablaban de la República. Las ideas de estos
pensadores de alguna manera se cristalizaron en la antigua república romana,
pero no fue sino hasta el siglo XVIII cuando el inglés John Locke y los franceses
Montesquieu, Voltaire y Rousseau perfeccionaron la idea de esta forma de
gobierno.
Las primeras grandes repúblicas que se erigieron en el mundo fueron la de
Estados Unidos en 1776 y la francesa en 1792, desde entonces la gran mayoría
de las naciones han adoptado este modelo, incluyendo por supuesto a México en
1824.
La principal característica de una república democrática es la división de poderes
en la que sus integrantes son electos, directa o indirectamente, por el pueblo. La
división de poderes es para que no se concentren todas las facultades y
atribuciones en una sola persona o en un solo poder; y que haya equilibrio entre
éstos para que uno no se sobreponga sobre los otros. También por eso los
poderes deben ser autónomos y administrar libremente su presupuesto.
En una auténtica república el Legislativo dispone sobre los tributos y su
distribución, el Ejecutivo los recauda y proporciona los servicios públicos, y el
Judicial vela por el cumplimiento de la ley tanto de los gobernantes como de los
gobernados. Y algo muy importante, entre los poderes debe haber respeto,
coordinación y colaboración para garantizar las libertades, la paz y el desarrollo.
Cuando uno de los poderes quiere controlar o debilitar a los otros, cuando no hay
respeto entre ellos, se atenta contra la república, contra la democracia y contra el
estado de derecho. Se falta al juramento de cumplir y hacer cumplir la constitución
y las leyes que de ella emanan.
Pues eso está pasando en México, el Ejecutivo -respaldado por su mayoría en el
Congreso- pretende debilitar al Poder Judicial en represalia, por no decir
venganza, por diversas resoluciones que no han sido de su agrado. Se le debilita
al denostarlo y al confiscarle sus recursos, eso no es propio de un estadista,
mucho menos de un juarista quien por cierto fue presidente de la Corte.
Alguien debe explicarle al presidente que todos los actos de autoridad, incluidos
los suyos, deben ceñirse a los tratados internacionales, a la constitución y las
leyes; que nuestro juicio de amparo es el escudo que tienen los ciudadanos para
defenderse de los actos ilegales de la autoridad; y que proveer ese escudo es
justamente la función central de los jueces en todas las repúblicas democráticas
