Categoría: INVITADAS

Columna de Opinión

Por Santos González

Este 30 de junio concluimos el primer año legislativo de la LXIV Legislatura del Estado de Zacatecas. Lo hacemos con la certeza de que hemos cumplido con el mandato que nos dio el pueblo: legislar para transformar.

Desde el Grupo Parlamentario de Morena asumimos esta responsabilidad con convicción y principios. Entendemos que el Congreso no debe ser un espacio de simulación ni de privilegios, sino una plataforma para construir leyes justas, eficaces y profundamente humanas.

A lo largo de este primer año, Zacatecas ha estado a la vanguardia del cambio. Como parte del Constituyente Permanente, nuestra Legislatura avaló reformas históricas a la Constitución federal: el regreso del tren de pasajeros, la nacionalización de sectores estratégicos, la reforma al Poder Judicial, la igualdad sustantiva, el bienestar como derecho, el salario digno, entre muchas otras. No se trata solo de reformas técnicas: se trata de decisiones que impactan directamente en la vida de millones de personas.

En el plano local, impulsamos una agenda sólida y transformadora. Se reformó el Poder Judicial del Estado para que la justicia sea realmente imparcial y autónoma. Se avanzó en la simplificación orgánica y el nuevo modelo de transparencia. Elevamos a rango constitucional el derecho a contar con útiles escolares gratuitos, y legislamos en materia de transparencia, protección de datos personales, violencia digital, salud y derechos laborales.

En lo personal, he presentado más de una veintena de iniciativas en distintos rubros: justicia, juventudes, pueblos originarios, género, digitalización, salud, anticorrupción y derechos fundamentales. Muchas ya han sido aprobadas; otras siguen en dictaminación. Lo que todas tienen en común es su enfoque transformador: leyes que buscan empatar con las nuevas realidades de Zacatecas y responder a lo que la ciudadanía espera de su Congreso.

Pero esta transformación no se queda en las reformas. Desde Morena también hemos estado en el territorio, con la gente. Porque gobernar también implica escuchar, acompañar, informar y regresar a las comunidades. La política, si no se vive con el pueblo, se convierte en burocracia.

Cierro este primer año con gratitud, con responsabilidad y con la mirada puesta en el futuro. El segundo piso de la Cuarta Transformación está en marcha, y desde Zacatecas seguiremos aportando con trabajo, honestidad y resultados.

Porque sí: la transformación no se detiene.

Por: Arturo Nahle García

Aunque parezca increíble, el artículo 80 de la Constitución sigue denominando al Poder Ejecutivo Federal como “Supremo” y es que sus facultades no son solo las enlistadas en el artículo 89, no, en toda la Constitución y las leyes que de ella emanan hay infinidad de atribuciones para la Presidencia de la República.

En cambio, nuestra carta magna no establece un catálogo de facultades para las entidades federativas, al contrario, los artículos 117 y 118 establecen expresamente lo que no pueden hacer los Estados. Por ejemplo, no pueden celebrar alianzas, tratados o coaliciones con otros Estados o con potencias extranjeras; no pueden acuñar moneda o emitir billetes; no pueden gravar el tránsito de personas o mercancías que atraviesen su territorio; no pueden contraer directa o indirectamente obligaciones o deuda con gobiernos, sociedades o
particulares extranjeros.

En ningún caso los Estados pueden destinar los empréstitos para cubrir gasto corriente; tampoco pueden gravar la producción, el acopio o la venta de tabaco con cuotas mayores a las que el Congreso de la Unión autorice. Tampoco pueden, sin el consentimiento del Congreso de la Unión, establecer
derechos de tonelaje, ni imponer contribuciones o derechos sobre importaciones o exportaciones; no pueden hacer la guerra por sí a alguna potencia extranjera, salvo en casos de invasión o peligro inminente.

En cambio, a los municipios les va mucho mejor en la Constitución, el artículo 115 los faculta para aprobar los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones de observancia general que organicen la administración pública municipal, regulen los servicios públicos de su competencia y aseguren la
participación ciudadana y vecinal.

Pueden celebrar convenios con el Estado para que éste, de manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algunos servicios públicos, o bien se presten coordinadamente por el Estado y el propio municipio.

Los Ayuntamientos administran libremente su hacienda, perciben las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, fraccionamientos, división, traslación y cambio de valor de los inmuebles. Están facultados para aprobar la zonificación y los planes de desarrollo urbano municipal, así como los planes en materia de movilidad y seguridad vial. Autorizan la utilización del suelo en sus jurisdicciones territoriales e intervienen en la regularización de la tenencia de la tierra urbana. También otorgan licencias y permisos para construcción e intervienen en la formulación y aplicación de programas de transporte público de pasajeros cuando afectan su territorio.

Los Municipios tienen a su cargo los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; alumbrado público; limpia, recolección, tratamiento y disposición final de residuos; mercados y centrales de abasto; panteones, rastros, calles, parques y jardines; seguridad
pública y “tránsito”. Y la Constitución de Zacatecas en su artículo 119 les da otras facultades en
materia de educación, salud, vivienda, desarrollo urbano, protección del medio ambiente, turismo y protección civil. Lo anterior viene a cuenta porque en nuestro Estado desde tiempo inmemorial el
tránsito lo maneja, bastante mal por cierto, el Gobierno del Estado y recientemente algunos alcaldes han tomado la decisión de retomar esa responsabilidad. Yo estoy totalmente de acuerdo no solo porque es su atribución constitucional, sino porque francamente ¿Que le importa al gobernador si un cristiano en Apulco o Atolinga circula a exceso de velocidad? ¿Qué le importa si alguien en Florencia o Cañitas circula en sentido contrario? ¿Qué le importa si una persona en Chalchihuites o El Plateado se estaciona en lugar prohibido?

¿Qué le importa al gobernador si un joven en Huanusco o Jiménez del Teul circula sin el cinturón de seguridad? ¿Qué le importa si en Nieves o Mezquital del Oro una señora circula sin placas, tarjeta de circulación o licencia? ¿O si en Sain Alto, Susticacán o Villa García circula en estado de ebriedad?
A quien sí le afecta y debe importar es a la autoridad municipal, ella está ahí, puede intervenir de inmediato y aplicar de mejor manera la Ley de Tránsito y Vialidad y su reglamento.

No hay que temerle a la municipalización del tránsito, en el 2002 yo lo hice con relativa facilidad en cuarenta municipios, hoy tienen mejores condiciones para hacerse cargo del control de la vialidad en sus respectivas cabeceras.

Para los distintos partidos políticos nacionales, la democracia llegó con ellos, aunque siquiera reconocen que no fueron ellos los inventores de tal término y lo remontan a los griegos.

Cuando ganan lo atribuyen a la democracia, cuando pierden a un brutal fraude. Todos son iguales, sin distingo de ideologías o siglas.

Durante el largo período priista se consideró inexistente la democracia, sobre todo por aquellos fraudes patrióticos de los años 70 y 80, algo que nos remonta a un lugar común, por la similitud, con lo sucedido el pasado primero de junio.

Los gritos, argumentos, reclamos e impugnaciones de los perdedores son ahogados por la estridencia de la victoria

Todos los partidos ganadores de la elección presidencial se consideran demócratas y aducen que con su victoria se instauró la democracia.

Así fue con Vicente Fox Quesada en 2000, Felipe Calderón Hinojosa en 2006, Enrique Peña Nieto en 2012, Andrés Manuel López Obrador en 2018 y Claudia Sheinbaum Pardo en 2024.

Tomando en consideración los triunfos presidenciales desde el arribo del nuevo siglo se advierte que la democracia si funciona en México y que los triunfos de unos y otros se respetan, con todo y sus asegunes.

En el año dos mil ganó el panista Fox Quesada, seis años después se repitió la victoria del PAN, en 2012 recuperó el gobierno federal el priismo y en dos mil 18 y 24 MORENA un nuevo partido político salió victorioso.

Entonces se podría decir que México es un país demócrata, donde la alternancia se presenta con alguna frecuencia, pues sí. El problema es que los participantes juegan a la democracia, pero no la practican.

De los cinco ganadores, solamente la victoria de Fox y de AMLO no fueron impugnadas, aunque después los priistas derrotados salieron a decir que el entonces Presidente Zedillo entregó el triunfo al panista Vicente Fox, para pasar a la historia como un demócrata.

Los triunfos del panista Calderón y el priista Peña fueron impugnados por el candidato derrotado, López Obrador.

Sin embargo, los competidores no cuestionaron la victoria de AMLO, pero si lo hicieron con la de Sheinbaum, que ganó ampliamente.

Pero eso es en el entorno de la elección presidencial. Donde se cuestiona más son los comicios por gobiernos estatales, en los que nadie queda conforme, sin importar la diferencia entre el ganador y los perdedores.

Para los derrotados siempre queda el recurso de prácticas antidemocráticas que van desde abuso de dinero, ayudas sospechosas, relleno de urnas, escasa presencia de observadores. Todo resulta cuestionable, aunque no el hecho de que su candidato o candidata simplemente no generó el consenso necesario para ganar.

Con todo y ello, México opera como un país demócrata ante el mundo, aunque en lo interno se cuestiona ese término.

La reciente elección judicial que tuvo poca afluencia en las urnas fue impugnada por el uso de acordeones en los que se invitaba a los ciudadanos a votar por los ahí señalados.

Esa práctica novedosa, así como el acarreo de votantes hacen recordar aquellos años del priato, en que la operación tamal consisía en un desayuno de ese alimento para los votantes que eran encauzados para votar por el partido gobernante.

Son viejas tácticas que parece nunca desaparecerán del sistema político mexicano y que fueron inventadas por un partido para el usufructo de los demás.